El Gobierno argentino se prepara para la inminente aprobación de la reforma laboral, un proyecto que promete transformar de manera profunda el marco normativo del trabajo en el país. La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei, será votada en el Senado y se da por descontado que obtendrá la media sanción necesaria para su entrada en vigencia. Sin embargo, el oficialismo ya anticipa que la ley enfrentará una ola de impugnaciones judiciales apenas sea promulgada.

La reforma introduce cambios sustanciales: extiende la jornada laboral hasta 12 horas, abarata los despidos, reduce cargas patronales y limita el poder de negociación de los sindicatos. Además, elimina la obligatoriedad del pago de horas extras y flexibiliza las condiciones de trabajo. El Gobierno sostiene que estas medidas son necesarias para modernizar el mercado laboral, reducir la informalidad y estimular la creación de empleo registrado. "Creemos que tenemos condiciones para ganar la disputa judicial", afirman desde la Casa Rosada, que trabaja en una reglamentación detallada para blindar la ley ante eventuales litigios.

Uno de los puntos más debatidos es la aplicación temporal de la norma. Especialistas y fuentes oficiales coinciden en que la reforma no será retroactiva: los despidos se indemnizarán según la ley vigente al momento del cese, respetando el principio constitucional de no regresividad de derechos. Sin embargo, la oposición y los sindicatos sostienen que la reforma implica una regresión en la protección legal de los trabajadores y anticipan la presentación de amparos y recursos ante la Justicia.

El contexto económico y social agrega complejidad al debate. La legislación laboral argentina, vigente desde 1974, ha resistido intentos de reforma en gobiernos anteriores. Actualmente, solo un tercio de los trabajadores está registrado, mientras que la informalidad y el desempleo afectan a millones. Los críticos advierten que la reforma podría agravar la precarización y debilitar aún más a los sindicatos, que ya han convocado protestas y huelgas en rechazo a la ley.

El Gobierno, por su parte, apuesta a que la nueva normativa marque un punto de inflexión y siente las bases para una economía más dinámica. No obstante, economistas y analistas advierten que, sin un crecimiento sostenido, los cambios legales por sí solos no garantizarán la creación de empleo formal. La disputa, que ya se traslada a los tribunales, podría definirse en la Corte Suprema y marcar el rumbo de las relaciones laborales en la Argentina de los próximos años.