Agustín F., un joven peón rural de 20 años, fue víctima de una brutal agresión y tortura por parte de sus empleadores en una estancia ubicada sobre la Ruta Nacional N°7, en la localidad bonaerense de Vedia. El hecho ocurrió el 30 de septiembre y derivó en una causa judicial por privación ilegítima de la libertad, lesiones graves y coacción agravada, mientras sus abogados solicitan que se investigue como intento de homicidio.

Según el testimonio de Agustín, todo comenzó cuando fue invitado a tomar mate con sus empleadores. Sin sospechar nada, firmó un papel relacionado con el pago de su sueldo y, de inmediato, fue atacado. "Me pega y de ahí me empiezan a pegar. Cuando pregunto por qué, me dicen que les robé 20 novillos. Yo nunca robé nada", relató el joven. La violencia se intensificó rápidamente: fue golpeado, ahorcado, sacado al exterior para evitar rastros de sangre y sometido a torturas que incluyeron la mutilación de parte de su oreja, amenazas con armas y jeringas, y la promesa de hacerlo desaparecer en un balde con cemento.

Tras casi dos horas de tormento, los agresores lo subieron a una camioneta, le dieron medicamentos y lo obligaron a bañarse, advirtiéndole que no denunciara lo sucedido bajo amenaza de muerte. A pesar del miedo, Agustín decidió radicar la denuncia. El informe médico forense confirmó fracturas en el rostro, desplazamiento del tabique nasal y otras lesiones graves, por lo que se le indicó reposo absoluto por 40 días. "Tengo mucho miedo. No puedo dormir, no confío en nadie. Cambió mucho mi vida. Lo único que pido es que se haga justicia por lo que me hicieron. Nada más", expresó Agustín.

La Justicia de Garantías ordenó allanamientos y secuestró elementos clave como jeringas y precintos, pero no concedió la detención de los acusados, quienes siguen en libertad. Sí dictó una prohibición de acercamiento hasta que se defina el caso. El representante sindical Ramón Espíndola (UATRE) advirtió que este tipo de situaciones se han vuelto más frecuentes y criticó la falta de acción de las autoridades locales. El caso expone la vulnerabilidad de los trabajadores rurales y la necesidad de reformas en la protección laboral y judicial, mientras la familia y los abogados de Agustín exigen justicia y mayor seguridad.