La expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio Constitución, en Buenos Aires, volvió a cuestionar públicamente las condiciones impuestas por el Tribunal Oral Federal N°2 respecto al régimen de visitas. Según denunció, solo pueden visitarla familiares directos, abogados y médicos previamente autorizados, mientras que cualquier otra persona debe solicitar permiso al tribunal y esperar su aprobación. Kirchner calificó estas restricciones como "arbitrarias" y "violatorias de sus derechos civiles y políticos".

En un escrito presentado por sus abogados, se argumenta que quienes cumplen condena en domicilio particular no pierden derechos inherentes a su condición humana, salvo los expresamente prohibidos por la ley. El texto también señala que la falta de criterios claros para autorizar visitas podría derivar en discrecionalidad judicial. Además, la defensa remarcó la importancia de que una dirigente política pueda mantener contacto con otros actores políticos, tanto nacionales como internacionales, citando la intención del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de visitarla.

El Gobierno nacional, por su parte, evitó involucrarse en la polémica. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, consideró que las manifestaciones y protestas en apoyo a Kirchner "se irán diluyendo con el tiempo" y calificó la controversia sobre el uso del balcón como "anecdótica". Otros funcionarios, como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, declinaron hacer comentarios sobre el caso, remitiendo la cuestión a la competencia de los magistrados.

En cuanto a la seguridad, la custodia de Kirchner sigue a cargo de la Policía Federal, aunque el control del cumplimiento de la pena corresponde al Servicio Penitenciario Federal, que monitorea sus movimientos mediante una tobillera electrónica. Las restricciones han generado tensiones en el vecindario, donde se han producido manifestaciones de apoyo y protestas, y han reavivado el debate sobre los derechos de los condenados y el trato diferencial a figuras políticas.

El caso de Cristina Kirchner continúa polarizando a la opinión pública y plantea interrogantes sobre el equilibrio entre el cumplimiento de la ley, los derechos individuales y el impacto político de las decisiones judiciales.