La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa Vialidad. La decisión judicial, que confirma la sentencia por corrupción en la obra pública, ha generado una ola de reacciones políticas y sociales en todo el país.

Desde el momento en que se conoció el fallo, miles de militantes y simpatizantes se congregaron frente al domicilio de Kirchner en el barrio de Constitución, Ciudad de Buenos Aires, para expresar su apoyo. Entre las actividades destacadas, se realizó una misa interreligiosa convocada por la Mesa Ecuménica “Por la Democracia, la Vida y el Bien Común”, bajo el lema “Justicia, justicia perseguirás”. El padre Paco Olveira, referente de los curas en opción por los pobres, participó activamente y expresó: “La verdad es que proscribieron la democracia en una causa absolutamente amañada”.

El operativo policial desplegado en la madrugada del domingo desalojó a los militantes que acampaban en las inmediaciones del departamento de la exmandataria. Según voceros policiales, el procedimiento se desarrolló sin incidentes, aunque dirigentes sociales como Juan Grabois criticaron la medida, considerándola “otro paso más fuera de los límites democráticos”.

En el plano político, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que el Gobierno toma la decisión judicial “con seriedad y absoluta normalidad”, y minimizó el impacto electoral de la condena. Por su parte, dirigentes del peronismo y aliados de Kirchner denunciaron una persecución política y llamaron a una movilización masiva hacia los tribunales de Comodoro Py, prevista para el miércoles.

El equipo legal de la expresidenta prepara un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras se analiza la posibilidad de que Kirchner acceda a la prisión domiciliaria antes de la fecha límite para su entrega. El debate sobre un eventual indulto y la polarización política se intensifican, en un contexto de creciente tensión institucional y social.

El caso reaviva el debate sobre la independencia judicial, el lawfare y el futuro del peronismo, mientras la sociedad argentina permanece atenta a los próximos pasos de la Justicia y de los actores políticos involucrados.