El Senado de la Nación rechazó por unanimidad el veto impuesto por el presidente Javier Milei a la ley que creaba un fondo de emergencia para la reconstrucción de Bahía Blanca, ciudad gravemente afectada por las inundaciones de marzo pasado. La iniciativa, que preveía la transferencia de 200 mil millones de pesos para obras y asistencia, había sido vetada por el Ejecutivo bajo el argumento de restricciones presupuestarias, aunque la oposición cuestionó la prioridad de otros gastos oficiales.

La votación en la Cámara Alta resultó en 51 votos a favor de rechazar el veto, reflejando un inusual consenso entre los bloques opositores y algunos legisladores oficialistas. Sin embargo, para que la decisión quede firme, será necesario que la Cámara de Diputados ratifique el rechazo con una mayoría de dos tercios, un desafío político que ya ha salvado al presidente en ocasiones anteriores.

Durante el debate, los senadores bonaerenses Juliana Di Tullio (Unión por la Patria) y Maximiliano Abad (Unión Cívica Radical) defendieron la ley como "necesaria y justa". Abad afirmó: "El veto a esta ley es un rechazo contra una ciudad que tiene el derecho a ponerse de pie y salir adelante". Di Tullio, por su parte, criticó al Ejecutivo por no cumplir con la asistencia prometida y sostuvo que la ley buscaba una solución integral para los damnificados.

La provincia de Buenos Aires, en paralelo, prorrogó por 30 días el estado de emergencia en Bahía Blanca y otros seis distritos, permitiendo la continuidad de obras y asistencia a los afectados. El decreto provincial destaca los daños en infraestructura, cortes de caminos y perjuicios en la actividad productiva, y autoriza contrataciones urgentes para restablecer la conectividad y los servicios básicos.

El debate en el Congreso expone la tensión entre el Ejecutivo y el Parlamento respecto a las prioridades presupuestarias y la respuesta ante desastres naturales. Mientras la oposición denuncia la falta de ejecución de fondos y la contradicción en el uso de recursos, el Gobierno insiste en la necesidad de mantener el equilibrio fiscal. El futuro del fondo de emergencia dependerá ahora de la decisión de la Cámara de Diputados, en un contexto de alta sensibilidad social y política.