Un grave episodio ocurrido en Concordia, Entre Ríos, generó conmoción y debate social luego de que un operario de maquinaria pesada, en estado de ebriedad, recorriera varias cuadras al mando de una cargadora frontal, chocando al menos siete vehículos y dejando tres personas con heridas leves. El hecho, registrado el pasado lunes, movilizó a las fuerzas policiales y derivó en importantes daños materiales en distintos sectores de la ciudad.

La Justicia local, a cargo del juez de Garantías Mauricio Guerrero, resolvió imponer 25 días de prisión preventiva al acusado, César Rodríguez, de 47 años, tras analizar el pedido del Ministerio Público Fiscal, que había solicitado inicialmente 45 días. Además, el magistrado ordenó que el imputado sea sometido a pericias psicológicas y psiquiátricas en el Hospital Felipe Heras para determinar su estado mental al momento de los hechos. Rodríguez enfrenta cargos por lesiones graves en grado de tentativa, daño agravado, daños reiterados y resistencia a la autoridad.

Durante la audiencia, la defensa, encabezada por el abogado Mariano Giampaolo, valoró la reducción del plazo de la prisión preventiva y anticipó que evalúa apelar la medida, argumentando que la libertad debe ser la regla y la prisión preventiva, la excepción. Giampaolo también vinculó el episodio a las condiciones laborales del acusado, señalando jornadas extensas y falta de cobertura laboral.

Por su parte, Ricardo Gómez, titular de la empresa Grinac Movimientos de Suelo, propietaria de la máquina involucrada, aseguró que la firma se hará cargo de todos los daños ocasionados, incluso en los casos no cubiertos por el seguro. "La empresa va a responder ante cada uno de los damnificados, porque no es justo que alguien sufra estos perjuicios y quede sin solución", afirmó Gómez, quien destacó que lo más importante fue la ausencia de víctimas graves.

El caso reabrió el debate sobre la efectividad de las sanciones para conductas peligrosas al volante y la necesidad de fortalecer la educación y responsabilidad vial. Editoriales locales subrayaron que, más allá de la condena judicial, existe una condena social y moral ante hechos que ponen en riesgo a la comunidad. El proceso judicial continúa mientras la empresa y las autoridades buscan reparar los daños y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.