El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, presentó una demanda colectiva contra el Estado nacional y la Dirección Nacional de Vialidad por el grave deterioro de la Ruta Nacional 151, un corredor clave para la conectividad y la economía regional. La acción judicial, respaldada por intendentes del Alto Valle, cámaras empresariales y la Defensoría del Pueblo, fue presentada ante el Juzgado Federal de General Roca, que ya dio curso a la causa y ordenó a Vialidad Nacional responder en un plazo de cinco días.

La demanda exige la reparación integral de los 150 kilómetros del tramo Cipolletti-La Pampa, la señalización urgente y la implementación de medidas cautelares para prevenir accidentes. Según el diagnóstico técnico de Vialidad Rionegrina, la ruta presenta deformaciones, descascaramientos y baches que afectan gravemente la seguridad vial y la prestación de servicios esenciales. “La 151, de acceso a la Patagonia, está destruida. Pone en riesgo vidas todos los días”, afirmó Weretilneck en sus redes sociales.

El escrito judicial detalla que el mal estado de la ruta obstaculiza más de 576 traslados sanitarios anuales, el acceso diario de más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes, y perjudica actividades productivas como la fruticultura, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera, responsable del 72% del petróleo y el 42% del gas provincial. Además, se denuncia la desviación de fondos del Impuesto a los Combustibles, que por ley deberían destinarse al mantenimiento vial, dejando a rutas estratégicas como la 151 en condiciones “calamitosas”.

El gobierno provincial sostiene que esta demanda representa un paso firme para defender los derechos de los habitantes frente a la inacción del Estado nacional, que tiene la competencia exclusiva sobre las rutas nacionales. La presentación podría sentar un precedente judicial para que otras provincias reclamen obras públicas urgentes ante omisiones estructurales del Estado central. Desde el año pasado, Weretilneck y otros gobernadores patagónicos insisten en la transferencia de la jurisdicción de autovías clave a las provincias, incluyendo la Ruta 151. El gobierno nacional, hasta el momento, no ha emitido una respuesta pública.