La distribución de fentanilo contaminado en Argentina ha desencadenado una crisis sanitaria y judicial sin precedentes, con al menos 96 muertes y decenas de pacientes afectados. La investigación, liderada por el juez federal Ernesto Kreplak, se centra en las responsabilidades de funcionarios de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), quienes debían fiscalizar los laboratorios implicados.

El caso salió a la luz tras la denuncia del Hospital Italiano de La Plata, que reportó los primeros fallecimientos vinculados al lote 31202 de fentanilo, producido por Laboratorios Ramallo para HLB Pharma. A pesar de que desde noviembre de 2024 el laboratorio había sido notificado de graves incumplimientos en las Buenas Prácticas de Fabricación, la producción continuó y el medicamento contaminado llegó a hospitales de todo el país.

Las inspecciones detectaron deficiencias en el control de esterilidad, documentación incompleta y faltantes en la trazabilidad de las ampollas. El 10 de febrero de 2025, ANMAT prohibió formalmente la producción, pero para entonces el fentanilo ya estaba en circulación. El 8 de mayo, tras la alerta nacional, se inició el recupero del producto, aunque no se pudo determinar el destino de todas las ampollas.

La Justicia ordenó siete allanamientos simultáneos en domicilios y oficinas de funcionarios de ANMAT e INAME, así como en las sedes centrales de ambos organismos, para secuestrar documentación y dispositivos electrónicos. El Ministerio Público Fiscal señaló una "ineficiente tarea de contralor" y advirtió que las irregularidades detectadas generaron un "riesgo inadmisible" para la salud pública.

El escándalo ha provocado el desplazamiento de funcionarios y la apertura de sumarios administrativos. Familiares de las víctimas reclaman la conformación urgente de una comisión investigadora en el Congreso, mientras la causa avanza para determinar si las fallas fueron producto de negligencia, falta de recursos o posible connivencia entre funcionarios y empresarios. El caso pone en jaque la confianza en el sistema de control sanitario argentino y podría derivar en imputaciones penales y reformas regulatorias de fondo.