El proyecto minero San Jorge, que se debate en la Legislatura de Mendoza, ha generado una intensa controversia política y social en la provincia. Impulsado por el presidente Javier Milei y el gobernador Alfredo Cornejo, la iniciativa contempla una inversión de 600 millones de dólares para la explotación de cobre, con una producción estimada de 40.000 toneladas anuales. El oficialismo sostiene que la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) marcará un punto de inflexión en la economía mendocina, diversificando la matriz productiva y posicionando a Mendoza como un actor minero competitivo a nivel nacional.

La votación, prevista para este miércoles, se anticipa favorable al oficialismo, que cuenta con mayoría en el Senado, aunque busca evitar forzamientos políticos y lograr un consenso amplio. "La minería será el motor del progreso", afirmó Cornejo, mientras Milei calificó el proyecto como una "enorme oportunidad" y criticó la oposición kirchnerista por su resistencia histórica al sector privado y la inversión. El gobierno provincial asegura que la explotación se realizará bajo estrictos controles ambientales, con recirculación hídrica y monitoreo permanente, y que se crearán fondos compensadores y nuevas regulaciones de regalías mineras.

Sin embargo, la iniciativa enfrenta una fuerte oposición de sectores ambientalistas, asambleas por el agua y parte de la ciudadanía, que advierten sobre los riesgos de contaminación y el impacto en la cuenca del Río Mendoza, fuente de agua para el 75% de la población provincial. Las protestas y manifestaciones se han intensificado en los días previos a la votación, con caravanas y marchas que buscan visibilizar el rechazo al proyecto y exigir garantías ambientales. "El agua de Mendoza no se negocia", sostienen los activistas, que denuncian intereses empresariales y falta de transparencia en el proceso legislativo.

El debate se da en un contexto de crisis hídrica y antecedentes de rechazo social a la minería, como ocurrió en 2019 con la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la actividad. El gobierno insiste en que la sociedad ha cambiado y que la minería puede coexistir con otras industrias productivas, mientras que los detractores alertan sobre el avance de proyectos megamineros en otras regiones de la provincia. El resultado de la votación podría definir el futuro del sector minero en Mendoza y sentar un precedente para el desarrollo de la minería en Argentina.