El fiscal federal Carlos Stornelli presentó una denuncia penal contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, tras sus declaraciones en un programa de radio donde afirmó que el presidente Javier Milei "no puede llegar al 10 de diciembre de 2027". Stornelli considera que los dichos del mandatario provincial podrían constituir delitos como incitación a la violencia colectiva, instigación a cometer delitos y amenaza de sedición, entre otros, según lo estipulado en el Código Penal.

La denuncia fue radicada en los tribunales federales de Comodoro Py y solicita que se investigue la posible comisión de estos delitos. En su presentación, Stornelli destacó la gravedad institucional de las declaraciones, dado que Quintela es un funcionario público de alto rango. El fiscal pidió preservar los registros audiovisuales del programa "Mañana Sylvestre" de Radio 10, donde se realizaron las manifestaciones, y solicitó que Quintela sea llamado a declarar.

Durante la entrevista, Quintela comparó la situación actual con la crisis de 2001, mencionando que "hay sacrificios que valen la pena" y que, si el gobierno continúa hasta 2027, el país podría estar "totalmente destruido". Además, llamó a otros gobernadores y a la CGT a tomar "decisiones fuertes" y a movilizarse contra las políticas del gobierno libertario.

La denuncia de Stornelli no fue la única. Referentes de La Libertad Avanza también presentaron denuncias, argumentando que las palabras de Quintela constituyen una instigación pública a la alteración del orden constitucional y podrían ser consideradas crímenes de lesa humanidad.

La reacción política fue inmediata. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, criticó duramente a Quintela, calificando su gestión como "un mono con un martillo en una cristalería" y defendiendo la continuidad institucional del gobierno. Menem señaló que las declaraciones de Quintela son "lamentables" y acusó al gobernador de tener la provincia "prendida fuego" desde que asumió.

El conflicto se enmarca en un contexto de creciente tensión política y social, con el peronismo debatiendo su rol frente al gobierno de Milei y la reforma laboral. Quintela, por su parte, insiste en la necesidad de una intervención política y social para evitar lo que denomina un "genocidio social".

El expediente judicial deberá ser sorteado para determinar qué juzgado federal intervendrá y si corresponde impulsar la investigación solicitada por el Ministerio Público Fiscal. El caso refleja la polarización política actual y la preocupación por la estabilidad institucional en Argentina.