La Patagonia argentina atraviesa una crisis ambiental sin precedentes tras el avance de incendios forestales que, en lo que va del verano, han arrasado más de 230.000 hectáreas en varias provincias del sur. El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, declaró la emergencia ígnea en Santa Cruz, sumando esta provincia a Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, donde la situación ya era crítica.

La decisión fue formalizada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que habilita la coordinación de recursos públicos y la intervención de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para combatir el fuego. Sin embargo, la medida ha sido objeto de fuertes críticas por parte de la oposición y actores locales, quienes señalan que el decreto no asigna fondos específicos para la reconstrucción de viviendas, asistencia directa a familias afectadas ni apoyo a sectores productivos. "No hay un solo peso para la recuperación de bosques nativos que se murieron en el incendio", expresó la diputada Sabrina Selva.

En paralelo, el Gobierno anunció la transferencia de $100.000 millones al sistema de Bomberos Voluntarios, alcanzando a más de mil cuarteles en todo el país. No obstante, bomberos y legisladores aclararon que estos fondos corresponden a obligaciones legales pendientes y no constituyen una ayuda extraordinaria vinculada a la emergencia actual. "Son fondos que obligatoriamente el Gobierno nacional tiene que distribuir, lo obliga la Ley 25.054", explicó el diputado Ariel Rauschenberger.

El operativo nacional incluye el despliegue de casi 600 brigadistas, medios aéreos y voluntarios locales, quienes trabajan en condiciones extremas para contener los focos activos, especialmente en Chubut y Santa Cruz. Las lluvias recientes han traído algo de alivio, pero el daño ambiental es profundo y la situación sigue siendo inestable. El intendente de Epuyén, José Contreras, describió el panorama: "No quedó una montaña con verde natural; es tristísimo".

La oposición y los gobernadores patagónicos insisten en la necesidad de una ley de emergencia integral que contemple asistencia habitacional, apoyo a productores y políticas de prevención. El debate sobre la inclusión de la emergencia ígnea en las sesiones extraordinarias del Congreso continúa abierto, mientras científicos advierten sobre la transformación irreversible del paisaje y la gravedad de los incendios "de nueva generación".

En este contexto, la Patagonia enfrenta no solo una tragedia ambiental, sino también un desafío político y social que exige respuestas coordinadas y recursos suficientes para la recuperación y prevención futura.