La organización de los lugares de votación para las elecciones legislativas del 7 de septiembre de 2025 en la provincia de Buenos Aires ha desatado una intensa disputa judicial y política. El juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, declaró su incompetencia para reasignar mesas y locales de votación, luego de que la Cámara Nacional Electoral (CNE) ordenara revertir los cambios realizados en municipios como La Matanza. Esta decisión traslada la responsabilidad a la Junta Electoral bonaerense, que deberá definir el esquema definitivo.

El conflicto se originó cuando Ramos Padilla dispuso modificaciones en la ubicación de los centros de votación, argumentando que respondían a variaciones demográficas y a la necesidad de desafectar establecimientos no aptos. "No solo resultaría materialmente imposible replicar el esquema de 2023, sino que debieron incorporarse 38 nuevas mesas de votación debido al aumento del padrón electoral", explicó el magistrado. Sin embargo, la CNE consideró que los cambios eran "extemporáneos e imprevistos" y ordenó suspender la publicación de los locales incorrectamente asignados.

La polémica se intensificó con los reclamos públicos del gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quienes coincidieron en que la modificación de los tradicionales lugares para sufragar podría afectar la participación ciudadana. "Puede producirse un mayor nivel de ausentismo", advirtió Kicillof en una presentación judicial. Espinoza, por su parte, señaló que los cambios impactan en al menos el 80% del padrón de La Matanza, lo que representa a más de 1.200.000 electores.

En respuesta, Ramos Padilla sostuvo que su juzgado es un "órgano técnico de colaboración" de la Junta Electoral y que carece de competencia para decidir sobre la ubicación de mesas. Elevó un "plan alternativo" similar al utilizado en 2023 y pidió a la Junta Electoral que decida con celeridad cuál utilizará. La controversia podría extenderse a otros municipios, ya que varios intendentes trasladaron sus preocupaciones al gobernador.

Mientras tanto, el gobierno provincial realizó pruebas del sistema de transmisión y recepción de datos para el escrutinio, con el objetivo de garantizar la transparencia y rapidez en el recuento de votos. El simulacro general está previsto para el 23 de agosto y será abierto a la prensa.

La definición de la Junta Electoral será determinante para evitar confusiones entre los electores y asegurar la normalidad del proceso electoral. El debate sobre la organización de los comicios refleja la tensión entre la necesidad de modernizar el sistema y la importancia de preservar la participación ciudadana.