La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Estado argentino transferir el 51% de las acciones Clase D de la petrolera YPF a los fondos Burford y Eton Capital, en cumplimiento de un fallo por la expropiación de la empresa en 2012. La decisión, que responde a una indemnización de US$16.100 millones, establece que las acciones deberán ser depositadas en una cuenta de custodia global en el Bank of New York Mellon en un plazo de 14 días.

El dictamen sostiene que las acciones de YPF son transferibles bajo la ley de Nueva York y no están protegidas por inmunidad soberana, dado su uso en actividades comerciales en Estados Unidos. La jueza Preska argumentó que "las sentencias son ejecutables contra cualquier propiedad que pueda ser cedida o transferida", y que la Argentina tiene opciones legales para cumplir con el fallo, como obtener permiso del Congreso, modificar la ley o llegar a un acuerdo con los demandantes.

Tras conocerse la noticia, las acciones de YPF sufrieron una caída superior al 5% en Wall Street y en la Bolsa de Buenos Aires, reflejando la preocupación de los mercados ante la posible pérdida de control estatal sobre la petrolera. El presidente Javier Milei anunció que el Estado apelará la decisión en todas las instancias posibles y responsabilizó al exministro Axel Kicillof y al kirchnerismo por la situación, afirmando: "Vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales".

La expropiación de YPF, aprobada por el Congreso en 2012, fue impulsada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y es considerada uno de los litigios más significativos contra el Estado argentino en el exterior. El fondo Burford adquirió los derechos de litigio de empresas afectadas por la estatización y lideró la demanda que derivó en la sentencia actual.

El gobierno argentino evalúa alternativas legales, incluyendo la apelación y la solicitud de suspensión de la ejecución del fallo, mientras los mercados y actores políticos siguen de cerca el desarrollo del caso, que podría tener consecuencias de largo plazo para la economía y la soberanía energética del país.