La Justicia de Entre Ríos logró desbaratar un plan criminal que tenía como objetivo asesinar al ministro de Seguridad y Justicia provincial, Néstor Roncaglia, al juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y al fiscal federal José Ignacio Candiotti. El complot, coordinado desde la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, fue atribuido a Leonardo Airaldi, conocido como el “Gaucho narco”, quien habría contratado sicarios uruguayos por 40.000 dólares para ejecutar los ataques.

La maniobra fue detectada gracias a la denuncia de un preso, lo que permitió a la Justicia iniciar una investigación que incluyó allanamientos urgentes en el penal. Durante los procedimientos, personal de Gendarmería Nacional secuestró teléfonos celulares, anotaciones y dosis de cocaína, elementos que ahora son analizados por los investigadores. Según fuentes judiciales, el objetivo central del grupo era evitar el inicio del juicio oral por narcotráfico contra Airaldi y otros 13 imputados, previsto para los próximos días en el Tribunal Oral Federal de Paraná.

A pesar de la gravedad de las amenazas, las autoridades confirmaron que la fecha del juicio se mantiene, aunque se reforzarán de manera considerable las medidas de seguridad tanto en el tribunal como en el traslado de los involucrados. La custodia de los funcionarios amenazados fue incrementada por la Policía Federal Argentina y la Policía de Entre Ríos.

El caso de Airaldi, ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante, expone la compleja trama de vínculos entre el narcotráfico y sectores productivos de la región. El expediente judicial incluye antecedentes de violencia, amenazas y operaciones de tráfico de drogas en varias provincias. La investigación continúa bajo estricta reserva, mientras se profundizan las líneas abiertas para determinar la magnitud real del plan desactivado.

La Asociación de Magistrados y la de Fiscales manifestaron su preocupación por la seguridad de los operadores judiciales y reclamaron medidas preventivas urgentes. El caso reaviva el debate sobre la protección de funcionarios y la penetración del narcotráfico en las instituciones argentinas.