El Gobierno nacional, a través de disposiciones publicadas en el Boletín Oficial los días 24 y 25 de junio de 2025, formalizó la entrega sin cargo de bienes incautados por la Aduana a la Fundación Cooperadora de la Nutrición Infantil (CONIN), presidida por el médico Abel Albino en la provincia de Mendoza. La medida incluye alimentos, ropa de abrigo, calzado y artículos de primera necesidad, que serán destinados a la asistencia de familias y niños en situación de vulnerabilidad social.

Según lo dispuesto por la Ley 25.603, la reutilización de mercadería incautada en causas aduaneras puede realizarse con fines sociales cuando las condiciones de emergencia lo aconsejen. Los bienes, provenientes de las aduanas de Concordia y Gualeguaychú, deberán ser retirados por la fundación en un plazo de diez días y no podrán ser comercializados durante cinco años. "La Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil (CONIN) deberá informar a la Secretaría General de la Presidencia la fecha estimada de retiro del Servicio Aduanero de las mercaderías afectadas", detalla la disposición oficial.

La fundación CONIN, que en los últimos meses atravesó una crisis financiera con recortes de servicios y renuncias de profesionales, logró revertir su situación gracias a la incorporación de nuevos socios aportantes. Actualmente, asiste a 500 niños y 30 madres embarazadas con desnutrición, y distribuye leche de fórmula a bebés cuyas madres no pueden amamantar por problemas de adicciones.

En 2024, la organización ya había recibido parte de los alimentos por vencer almacenados en galpones del Ministerio de Capital Humano, en el marco de un acuerdo para combatir la desnutrición infantil. La entrega de bienes incautados refuerza el compromiso del Gobierno con la asistencia social en contextos de emergencia, aunque la figura de Abel Albino ha sido objeto de controversia en el pasado por sus declaraciones públicas.

La medida ha sido valorada por la fundación, que destacó el impacto positivo en su labor diaria. Desde el Gobierno, se subraya que la decisión responde a la necesidad de apoyar a organizaciones que trabajan en la primera línea de la lucha contra la desnutrición infantil, en un contexto de creciente demanda social.