La crisis habitacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se agudiza, según los resultados de la Encuesta Inquilina 2025, elaborada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Conicet y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El estudio, que relevó 1107 casos entre septiembre y octubre de este año, revela que el 57% de los hogares inquilinos destina más de la mitad de sus ingresos al pago del alquiler, un aumento significativo respecto al 38% registrado en 2024.

El informe también destaca que el 29% de los hogares debió endeudarse en el último año, y el 77% de quienes contrajeron deudas lo hicieron para afrontar el pago del alquiler. Solo el 14% de los inquilinos pudo ahorrar en el mes previo a la encuesta, lo que evidencia la presión financiera que enfrentan las familias. A pesar de que el 93% de los inquilinos está al día con el pago, la sostenibilidad de la vivienda se percibe cada vez más incierta: el 18% cree que deberá abandonar su hogar antes de finalizar el contrato y el 13% considera que no podrá renovarlo.

La derogación de la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/2023 tuvo un impacto directo en la duración y condiciones de los contratos. Antes de la derogación, el 42% de los contratos era de tres años; actualmente, solo el 9% mantiene esa extensión, predominando los contratos de dos años y ajustes trimestrales. Esta tendencia se replica en ciudades del interior como Salta, donde la falta de regulación y los salarios más bajos agravan la situación, aunque no existan estadísticas oficiales locales.

El acceso a la vivienda propia se percibe cada vez más lejano: solo el 14% de los inquilinos espera lograrlo en los próximos cinco años, mientras que más de la mitad cree que seguirá alquilando y un 28% no sabe si tendrá un lugar donde vivir. Organizaciones sociales y académicas advierten que alquilar dejó de ser una etapa transitoria y se consolida como una situación permanente para la mayoría, en un contexto de creciente incertidumbre y ausencia de políticas públicas que equilibren el mercado.

En ciudades como Salta, la crisis se traduce en mudanzas forzadas, hacinamiento y el regreso al hogar familiar, especialmente entre jóvenes y adultos mayores. La Encuesta Inquilina 2025, aunque centrada en el AMBA, expone una problemática estructural que interpela a gobiernos locales y nacionales sobre la necesidad de respuestas urgentes.