Una investigación de la cooperativa CALF reveló un millonario fraude eléctrico en barrios privados de Neuquén, donde al menos 30 viviendas de lujo fueron descubiertas con conexiones clandestinas o medidores adulterados para evitar el pago real de la energía consumida. El operativo, calificado como una "ofensiva sin precedentes", incluyó auditorías técnicas sorpresivas en urbanizaciones cerradas como La Zagala, donde se detectaron maniobras sofisticadas para eludir el control del consumo eléctrico.

Según informaron desde CALF, las propiedades involucradas superan los 350 metros cuadrados y cuentan con consumos intensivos, como piscinas climatizadas y sistemas de calefacción central. "Estamos ante un escenario de hurto premeditado en usuarios de alto poder adquisitivo que utilizan la privacidad de los barrios cerrados para ocultar la manipulación de la energía", señalaron desde la cooperativa.

El gerente de Cobranzas y Transformación Tecnológica de CALF, Nicolás Autiero, explicó que las multas podrían superar los 3 millones de pesos por vivienda y aplicarse retroactivamente hasta cuatro años. Además, se procedió al corte inmediato del suministro, el retiro y precintado de los medidores y la inhibición de la conexión a los inmuebles hasta que regularicen su situación.

La cooperativa presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal, solicitando allanamientos para profundizar la investigación y determinar la responsabilidad de los propietarios. "No vamos a permitir que la exclusividad de un barrio sea un escudo para la ilegalidad", afirmaron desde CALF, advirtiendo que las conexiones clandestinas no solo generan un perjuicio económico, sino que también representan un riesgo para la seguridad pública, pudiendo provocar incendios y fallas en la red.

El caso generó indignación en la comunidad neuquina y reavivó el debate sobre la equidad en el acceso y pago de los servicios públicos. Las autoridades aseguraron que continuarán con los controles en toda la ciudad y que no habrá privilegios para ningún usuario, independientemente de su nivel socioeconómico. Se espera que la Justicia avance con sanciones ejemplares para desalentar futuras irregularidades y garantizar la transparencia en el sistema eléctrico.