El juicio por la presunta estafa con planes sociales en Neuquén ha sacudido el escenario político y social de la provincia. Testimonios de beneficiarios y excolaboradores han revelado un entramado de corrupción que, según la investigación, operaba mediante el uso de ayudas estatales para asegurar votos y desviar fondos públicos. El Movimiento Popular Neuquino (MPN) se encuentra en el centro de la polémica, con punteros y funcionarios señalados como responsables de la operatoria.

Durante las audiencias, varias testigos describieron cómo se les exigía entregar sus tarjetas de débito y claves a cambio de una fracción del dinero que les correspondía por los planes sociales. "Me daban la tarjeta y tenía que devolverla con la clave. Después me daban solo una parte en efectivo", relató una de las beneficiarias. Otra testigo, que trabajó en la dirección de Planes Sociales, admitió haber participado en extracciones masivas de dinero y en la confección de planillas de "voto seguro" para el MPN. "Iba al cajero con hasta 13 tarjetas por mes y entregaba todo el dinero en la oficina. No podía dejar ni 20 pesos", declaró.

El juicio investiga hechos ocurridos entre septiembre de 2020 y julio de 2022, aunque los testimonios sugieren que la práctica era anterior. La causa involucra a 14 imputados, entre ellos exfuncionarios y punteros políticos. Los relatos también dan cuenta de amenazas y presiones para garantizar el silencio de los involucrados. "Nos decían que éramos una familia y que debíamos seguir las instrucciones para salir juntos de esto", afirmó una de las arrepentidas.

El proceso judicial es considerado un hito en la lucha contra la corrupción en Neuquén, donde históricamente se ha denunciado la confusión entre Estado y partido. Desde la oposición se reclama el fin del clientelismo, mientras que el oficialismo ha impulsado reformas para mejorar la transparencia. El desenlace del juicio es esperado con atención por la sociedad, que demanda justicia y un cambio en las prácticas políticas de la provincia.