El presunto abuso sexual a una niña de 9 años en la escuela Abraham Lemos, ubicada en Los Corralitos, Guaymallén, ha generado una fuerte conmoción en la comunidad educativa mendocina. La denuncia, presentada por la madre de la menor, señala a un obrero que trabajaba en la obra de ampliación del establecimiento como el presunto autor del hecho. Según el relato familiar, los episodios habrían ocurrido en el baño de la escuela y se habrían repetido en varias ocasiones, acompañados de amenazas.

El caso tomó estado público el lunes, cuando la familia y otros padres se movilizaron a las puertas del colegio exigiendo justicia y seguridad. La protesta derivó en incidentes, incluyendo agresiones a una docente y una auxiliar, lo que llevó a la directora y a la maestra a solicitar licencia. "Queremos justicia porque esto no puede seguir así. Hay escuelas que no están aptas para cuidar a los niños", expresó la hermana de la víctima.

En el plano judicial, la fiscalía de Delitos Sexuales, a cargo de María de las Mercedes Moya, investiga el caso y ha tomado declaraciones a los obreros identificados, aunque hasta el momento no hay imputados ni detenidos. El examen físico realizado a la menor detectó lesiones compatibles pero no determinantes de abuso sexual, por lo que se aguardan los resultados de la Cámara Gesell y nuevas entrevistas con profesionales de la salud.

La empresa constructora entregó la nómina de empleados y suspendió las obras, mientras la escuela activó los protocolos de protección y acompañamiento psicológico. Las autoridades escolares y el Ministerio Público Fiscal han pedido cautela ante la difusión de versiones no verificadas y reiteraron el compromiso con el esclarecimiento de los hechos.

La comunidad educativa exige medidas concretas, como la instalación de cámaras de seguridad y cambios en la organización de los recreos para evitar el contacto entre obreros y alumnos. "No nos vamos a ir de acá hasta que nos den una respuesta y alguien dé la cara", afirmó una madre durante la protesta.

El gobierno escolar condenó los actos de violencia sufridos por el personal docente y llamó al diálogo institucional para canalizar la preocupación de las familias. El caso sigue bajo investigación y la situación en la escuela permanece tensa, con baja asistencia de alumnos y padres que mantienen la exigencia de justicia y seguridad.