Argentina enfrenta una compleja situación judicial en Estados Unidos por el caso YPF, con cuatro apelaciones paralelas en la Corte de Apelaciones de Nueva York. El conflicto se intensificó tras las recientes sentencias de la jueza Loretta Preska, que obligan al país a entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los beneficiarios del fallo por la expropiación de 2012 y a bonistas que no ingresaron a la reestructuración de deuda.

El Gobierno argentino, que ya fue condenado en septiembre de 2023 a pagar más de 16.000 millones de dólares, presentó una apelación y solicitó la suspensión de la ejecución del fallo. Según fuentes oficiales, la estrategia incluye la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos si la Corte de Apelaciones no suspende la orden antes del 14 de julio. "El gobierno continuará defendiendo la soberanía nacional en todas las instancias posibles", afirmaron voceros oficiales.

La jueza Preska citó a las partes a una audiencia urgente el 15 de julio para destrabar la disputa por la entrega de información solicitada por los demandantes, quienes buscan probar que el Estado argentino y YPF son entidades equivalentes, lo que permitiría embargar activos adicionales bajo la figura de "alter ego". El Gobierno sostiene que la transferencia de acciones requiere aprobación del Congreso, según la legislación argentina, y que la orden judicial viola la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras y principios de cortesía internacional.

El caso, originado tras la nacionalización de YPF durante la gestión de Cristina Kirchner, ha sido liderado por fondos como Burford Capital, que adquirieron los derechos de litigio. El Departamento de Justicia estadounidense ha señalado que sus tribunales no deberían intervenir en asuntos de países soberanos, aunque la sentencia sigue firme.

Expertos legales advierten que el margen de negociación es mínimo y que, de no cumplirse el fallo, podrían ejecutarse embargos sobre activos específicos. El litigio representa un alto costo económico y político para Argentina, afectando la confianza de los mercados y la estrategia internacional del actual gobierno. Mientras tanto, continúan las acusaciones cruzadas entre funcionarios actuales y anteriores sobre la responsabilidad y la gestión del caso.