Manuel Adorni, jefe de Gabinete, se encuentra bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, tras la declaración de dos prestamistas que aseguraron haberle otorgado un préstamo de 100.000 dólares en efectivo. El caso, que se tramita en los tribunales de Comodoro Py, se centra en la adquisición de propiedades y la justificación de los fondos utilizados en dichas operaciones.

Según las declaraciones de Graciela Molina, comisaria retirada, y su hija Victoria Cancio, ambas prestamistas, el préstamo fue realizado en noviembre de 2024 y garantizado mediante una hipoteca sobre un departamento ubicado en el barrio porteño de Parque Chacabuco. "El funcionario se comprometió a devolver la suma en un plazo de dos años, con un interés anual del 11%", detallaron las testigos ante el fiscal federal Gerardo Pollicita. Hasta el momento, Adorni ha devuelto 30.000 dólares, quedando un saldo pendiente de 70.000 dólares que deberá ser saldado antes de noviembre de 2026.

La operación fue supervisada por la escribana Adriana Nechevenko, quien también está bajo la lupa judicial. El día de la declaración de las testigos, Nechevenko envió un mensaje de apoyo a una de ellas, hecho que fue incorporado al expediente. La fiscalía investiga si la escribana cumplió con los procedimientos requeridos para verificar el origen de los fondos, ya que la profesional argumentó no estar obligada a hacerlo por conocer previamente a las prestamistas.

El dinero prestado fue utilizado por Adorni para la compra de una vivienda en Indio Cuá, partido de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. La esposa del funcionario, Bettina Angeletti, fue quien trasladó el efectivo al banco para completar la operación. Molina y Cancio justificaron el origen de los fondos con ahorros, una herencia y una demanda laboral, presentando documentación respaldatoria ante la fiscalía.

El juez Ariel Lijo autorizó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Adorni, su esposa y las acreedoras, mientras la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fue requerida para aportar información sobre los movimientos patrimoniales de los involucrados. Además, se investigan otras operaciones inmobiliarias vinculadas a Adorni, como la compra de un departamento en Caballito, también bajo la modalidad de préstamo privado e hipoteca.

El caso se inscribe en un contexto de creciente escrutinio sobre el patrimonio de los funcionarios públicos y la transparencia en la adquisición de bienes. La investigación continúa con la toma de nuevos testimonios y la recolección de pruebas documentales, mientras la fiscalía busca determinar si Adorni puede justificar la procedencia de los fondos utilizados en sus operaciones inmobiliarias.