La agroexportadora Vicentin, en concurso preventivo desde 2019, enfrenta una nueva etapa crítica tras la decisión del juez Fabián Lorenzini de intervenir su directorio por 120 días hábiles. La medida, que busca evitar la quiebra de la empresa, incluye la designación de Andrés Shocrón y Guillermo Nudemberg como interventores, quienes deberán presentar un plan de actuación en un plazo de 10 días.

La empresa, con sede en Reconquista, Santa Fe, acumula una deuda posconcursal de más de $30.000 millones y enfrenta un escenario de paralización industrial. Las plantas de Avellaneda y Ricardone están cerradas, y la compañía no ha podido cumplir con el pago de salarios a sus 1.200 empleados directos. Además, miles de empleos indirectos están en riesgo.

En paralelo, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó un recurso extraordinario federal presentado por Vicentin para llevar su caso a la Corte Suprema de la Nación. Esta decisión ratifica la anulación del acuerdo preventivo con acreedores y allana el camino para un proceso de cramdown, en el que nuevos oferentes podrían tomar el control de la empresa.

El juez Lorenzini también ordenó que los proveedores de servicios esenciales, como electricidad y gas, no interrumpan el suministro por 60 días hábiles. Esta medida busca garantizar la continuidad operativa mínima de la empresa mientras se evalúan alternativas para su reactivación.

La crisis de Vicentin se originó en diciembre de 2019, cuando la empresa se declaró en default con una deuda de más de U$D 1.500 millones. Desde entonces, ha enfrentado múltiples controversias, incluyendo intentos de expropiación y denuncias de administración fraudulenta. La falta de contratos de producción y la pérdida de confianza de inversores estratégicos han agravado la situación.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó que el Ejecutivo provincial no intervendrá en el proceso judicial, destacando la importancia de respetar la división de poderes. Mientras tanto, los sindicatos y empleados han mostrado preocupación por la continuidad laboral, aunque han retomado actividades tras acuerdos salariales parciales.

La intervención busca evitar la quiebra y proteger las fuentes de trabajo, pero el futuro de Vicentin sigue siendo incierto. Los interventores deberán agotar todos los mecanismos legales y comerciales para reactivar la actividad industrial y garantizar el pago de salarios. Sin embargo, el camino hacia la recuperación parece estar lleno de desafíos.