El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo el desalojo de la Casa Blaquier, un edificio histórico ubicado en Defensa 165, en el barrio de Monserrat, que había sido ocupado ilegalmente durante más de 40 años. El operativo, realizado el sábado 12 de julio, fue ordenado por el Juzgado Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de Primera Instancia Número 3, tras constatarse un grave deterioro estructural y riesgos para la seguridad de los ocupantes.

Según el último censo realizado en abril de 2024, 84 personas residían en el inmueble, que forma parte del conjunto de Casas Históricas bajo la órbita del Museo de la Ciudad. El edificio, de finales del siglo XIX, es considerado patrimonio arquitectónico y cultural de Buenos Aires. La medida de desalojo se fundamentó en el decreto 1480/2008, que establecía la necesidad de recuperar el edificio tras inspecciones que evidenciaron desprendimientos de mampostería y construcciones antirreglamentarias.

Durante el operativo participaron funcionarios de la Red de Atención del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, operarios del Ministerio de Espacio Público y efectivos de la Policía de la Ciudad. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó en redes sociales que "ya llevamos 373 inmuebles recuperados y devueltos a sus dueños. En la Ciudad, la propiedad privada se respeta".

A lo largo de los años, los ocupantes habían presentado recursos de amparo para frenar el desalojo, pero la Justicia rechazó la demanda en 2018, ratificando la restitución de la propiedad bajo la condición de garantizar una solución habitacional. Desde la administración porteña se ofrecieron subsidios habitacionales a los desalojados para facilitar su reubicación.

El operativo generó críticas de sectores políticos y sociales, que denunciaron la falta de negociación y la priorización de intereses inmobiliarios y turísticos por sobre el derecho a la vivienda. La legisladora Andrea D’Atri sostuvo que "el gobierno privilegia los negociados inmobiliarios y la industria del turismo, mientras expulsa cada vez más a las familias trabajadoras".

El caso de la Casa Blaquier reaviva el debate sobre la crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, el acceso a la vivienda y la preservación del patrimonio histórico, en un contexto de aumento de los costos de alquiler y de personas en situación de calle. El futuro del edificio y de sus ex residentes queda ahora en el centro de la discusión pública.