La reciente confirmación de la condena a seis años de prisión para la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad ha desencadenado una serie de reacciones políticas y sociales en Argentina, con epicentro en Santa Fe y Buenos Aires. El fallo, ratificado por la Corte Suprema, no solo inhabilita a Kirchner para ejercer cargos públicos, sino que también ha profundizado la polarización en el país.

En respuesta, el Partido Justicialista y la CGT Regional Santa Fe convocaron a una marcha en apoyo a la ex mandataria, que partirá desde la Plaza del Soldado y culminará en la Plaza 25 de Mayo. "Estamos convocando a todos los santafesinos no solamente que defiendan a Cristina, sino también a los que crean en una democracia con fortaleza", declaró Daniel Ríos, secretario general del PJ local. La movilización busca expresar el rechazo a la condena y denunciar la pérdida de derechos sociales.

El clima de tensión se agravó tras la aparición de amenazas y pintadas intimidatorias contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y otros magistrados. Roberto "Cachorro" Acosta, militante peronista, admitió haber realizado algunas de estas pintadas y fue detenido por la Policía Federal, aunque posteriormente liberado. "Me arrepiento de las pintadas, porque no tengo nada contra Rosatti", afirmó Acosta en declaraciones radiales.

Ante estos hechos, el Gobierno nacional reforzó la seguridad en edificios federales, domicilios de jueces y sedes judiciales clave, como Comodoro Py y el Palacio de Tribunales. Además, se incrementó la vigilancia en medios de comunicación que sufrieron ataques y pintadas, como TN, Radio Rivadavia y Neura. El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) denunció un clima de intolerancia y advirtió sobre el impacto de la violencia en la libertad de prensa.

Diversas asociaciones de jueces, fiscales y magistrados emitieron comunicados de repudio a las amenazas, defendiendo la independencia judicial y llamando a la paz institucional. "No es posible a través de la violencia y la intolerancia alcanzar la unidad nacional", expresaron desde la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales. La Federación Latinoamericana de Magistrados y la Asociación de Fiscales también manifestaron su preocupación por la escalada de hostigamientos.

El trasfondo político se intensifica por la historia de Rosatti, quien fue intendente de Santa Fe y ministro de Justicia de Néstor Kirchner, lo que ha generado críticas desde el peronismo local, que lo tilda de "traidor". Mientras tanto, sectores kirchneristas impulsan nuevas acciones políticas y denuncian persecución judicial, en un contexto de creciente polarización y debate sobre la independencia de los poderes del Estado. El desarrollo de estos acontecimientos mantiene en vilo a la sociedad argentina y plantea interrogantes sobre la convivencia democrática y el respeto institucional en el futuro inmediato.