La relación entre el presidente Javier Milei y los gobernadores provinciales alcanzó su punto más crítico tras una serie de desencuentros políticos y económicos. El conflicto se agudizó luego de la ausencia de Milei en el acto del 9 de Julio en Tucumán, evento al que la mayoría de los mandatarios provinciales tampoco asistió. Según fuentes oficiales, la suspensión del viaje presidencial se debió a cuestiones climáticas, aunque la falta de apoyo de los gobernadores fue interpretada como un gesto de distanciamiento político.

En este contexto, Milei rompió públicamente con los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, acusándolos de intentar "destruir al Gobierno Nacional" y de buscar "romper el país". En declaraciones radiales, el presidente advirtió que vetará y judicializará cualquier ley que el Congreso apruebe en contra de su política de déficit cero. "Jodan todo lo que quieran: los espero el 11 de diciembre", desafió Milei, anticipando que revertirá cualquier medida opositora tras las elecciones legislativas de octubre, donde pronostica una victoria oficialista.

Mientras tanto, el Senado se prepara para una sesión clave impulsada por la oposición y respaldada por los gobernadores. El temario incluye proyectos para aumentar los fondos a las provincias, declarar la emergencia en discapacidad y mejorar los ingresos jubilatorios. La vicepresidenta Victoria Villarruel podría habilitar la sesión si se alcanza el quórum necesario, a pesar de la falta de convocatoria formal.

El conflicto por la coparticipación y la distribución de fondos federales no es nuevo en la política argentina, pero se ha intensificado bajo la gestión de Milei, quien sostiene que las provincias reciben más recursos que antes y acusa a los gobernadores de priorizar intereses propios. Por su parte, la oposición denuncia recortes y centralismo, y busca capitalizar el descontento provincial para fortalecer su posición en el Congreso.

Analistas coinciden en que el oficialismo, sin mayoría en ambas cámaras, necesitará acuerdos con aliados y gobernadores para avanzar con su agenda. La falta de diálogo podría derivar en una parálisis institucional y aumentar la conflictividad política en un año electoral clave para el futuro del país.