El pasado 3 de junio, en la Unidad Penitenciaria 51 de Magdalena, provincia de Buenos Aires, cinco mujeres detenidas denunciaron haber sido víctimas de torturas, abusos sexuales y malos tratos por parte de agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense. Los hechos ocurrieron mientras en todo el país se realizaban manifestaciones bajo la consigna "Ni Una Menos" contra la violencia de género.

Según los testimonios recabados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), las agresiones comenzaron tras una pelea entre internas. Un grupo de agentes, incluyendo personal masculino del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE), ingresó al pabellón, arrojó gas pimienta y encerró a las mujeres en sus celdas. Posteriormente, las víctimas fueron obligadas a desnudarse frente a los agentes, golpeadas, sometidas a prácticas de tortura como el "submarino húmedo" y, en dos casos, abusadas sexualmente. Una de las mujeres relató que fue obligada a besar las botas de la jefa del penal bajo amenazas y violencia física.

Tras horas de torturas, tres de las víctimas fueron trasladadas a otras unidades con sus pertenencias destruidas, mientras que la que permaneció en el lugar intentó suicidarse. Al día siguiente, otra mujer fue sometida a torturas similares. El 5 de junio, una protesta de las detenidas por lo ocurrido fue reprimida, resultando en nuevas lesiones y convulsiones entre las internas.

La CPM intervino de inmediato, entrevistó a las víctimas y presentó la denuncia penal y administrativa. Las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense y la Auditoría de Asuntos Internos apartaron a los agentes implicados e iniciaron sumarios administrativos. El Ministerio de Justicia provincial también removió a la cúpula de la Unidad 51 para garantizar la investigación.

El fiscal Álvaro Garganta, a cargo de la causa, considera creíbles los testimonios y avanza en la toma de declaraciones. Sin embargo, el titular del Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata, Juan Pablo Masi, rechazó la participación institucional de la CPM como particular damnificado, decisión que fue apelada por el organismo.

El caso ha generado una fuerte reacción de organismos de derechos humanos, que exigen respuestas urgentes y sanciones ejemplares. La Unidad 51 de Magdalena ya estaba bajo observación por antecedentes de violencia institucional, y el episodio se inscribe en un contexto de retroceso en la prevención de la tortura en cárceles argentinas. El desarrollo de la investigación y las eventuales sanciones serán clave para determinar el alcance de las responsabilidades y la respuesta estatal ante estos graves hechos.