Un estremecedor caso de violencia de género conmocionó a la localidad bonaerense de Espigas, en el partido de Olavarría, donde Daiana Soledad Contreras, de 34 años, y su hija Iris Zendaya Uhart, de 4, fueron asesinadas por Miguel Ángel Romero, pareja de la mujer, quien luego se quitó la vida. El hallazgo de los cuerpos se produjo en una vivienda rural del establecimiento "Rincón 18", tras la alerta de un compañero de trabajo de Romero, quien notó su ausencia y decidió acercarse a la casa familiar.

Según confirmaron fuentes policiales y judiciales, la autopsia determinó que Contreras murió por estrangulamiento, mientras que la niña falleció a causa de un traumatismo de cráneo severo. Romero, de 40 años, fue hallado ahorcado con una faja pampa atada al picaporte de la puerta, presentando además una herida cortopunzante en el pecho. La habitación donde se encontraban los cuerpos estaba cerrada por dentro, lo que permitió descartar la intervención de terceros y reforzó la hipótesis de un doble femicidio seguido de suicidio.

En el lugar del hecho, la policía científica secuestró un cuchillo, tres teléfonos celulares y la faja utilizada en el crimen. Las víctimas fueron encontradas abrazadas, y los forenses estiman que los cuerpos fueron acomodados por el atacante antes de suicidarse. La investigación, a cargo de la fiscal Mariela Viceconte, especializada en violencia de género, continúa con el análisis de los teléfonos y la espera de los resultados toxicológicos para esclarecer detalles del caso.

Daiana Contreras había realizado denuncias previas por violencia, aunque no contra Romero, quien no registraba antecedentes penales ni denuncias. La familia se había mudado recientemente al campo, y el vínculo entre las víctimas y el agresor era reciente. El caso fue caratulado como "femicidio seguido de suicidio en contexto de violencia familiar y de género".

El hecho generó una fuerte conmoción en la comunidad de Olavarría y reavivó el debate sobre la prevención y detección temprana de la violencia de género, especialmente en zonas rurales. La fiscalía evalúa si las denuncias previas pudieron haber sido una señal de alerta y si existieron fallas en los mecanismos de protección. Mientras tanto, la investigación sigue su curso para reconstruir el contexto y las circunstancias que rodearon el trágico episodio.