La crisis desatada por la muerte de casi un centenar de personas debido a la aplicación de fentanilo contaminado ha sacudido al gobierno argentino en plena campaña electoral. El jueves, una cumbre de urgencia en la Casa Rosada reunió al ministro de Salud, Mario Lugones, junto a Karina Milei y Santiago Caputo, en busca de una estrategia para enfrentar lo que la oposición ya califica como la peor crisis sanitaria de la historia reciente.

La tragedia, que tuvo epicentro en la provincia de Buenos Aires, especialmente en La Plata, expuso graves deficiencias en los controles estatales. El laboratorio Ramallo, perteneciente al grupo HLB Pharma, fue señalado como responsable de la producción de ampollas de fentanilo adulteradas con bacterias peligrosas, lo que derivó en la muerte de al menos 96 personas y la internación de decenas más en hospitales de varias provincias.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, generó controversia al responsabilizar públicamente a la Anmat por no haber clausurado a tiempo el laboratorio, sugiriendo incluso posibles actos de corrupción. "Las regulaciones siempre son un vehículo para la corrupción", afirmó Sturzenegger, lo que desató una crisis interna en el gabinete y obligó a pedir disculpas al ministro de Salud. La Anmat, por su parte, había detectado "deficiencias críticas" en la planta desde noviembre de 2024, pero la orden de suspensión de la producción llegó recién en febrero de 2025, cuando los lotes ya estaban en circulación.

El gobierno intentó redirigir la atención hacia la oposición, vinculando al kirchnerismo y a Axel Kicillof con el dueño de HLB Pharma, Ariel García Furfaro, aunque este último negó cualquier relación política. La causa judicial, a cargo del juez Ernesto Kreplak en La Plata, sigue sin detenidos, pero ya se incautaron más de 100 mil ampollas adulteradas y se investiga la trazabilidad de los casos.

La crisis ha tenido un fuerte impacto en la campaña electoral, con el oficialismo buscando minimizar el daño político y la oposición exigiendo explicaciones y responsabilidades. El episodio pone en evidencia las debilidades del sistema de control sanitario y la politización de la gestión de la salud pública, en un contexto de alta sensibilidad social y política.