El proceso judicial por el femicidio de Cecilia Strzyzowski continúa en la ciudad de Resistencia, Chaco, donde la Cámara Segunda en lo Criminal lleva adelante las audiencias de cesura para definir las penas de los condenados. El caso, que generó conmoción nacional, involucra a César Sena, hallado culpable como autor material del crimen, y a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, considerados partícipes necesarios.

Durante las audiencias, la jueza Dolly Fernández rechazó los pedidos de nulidad presentados por las defensas, quienes argumentaron supuesta presión mediática sobre el jurado popular y problemas de salud de los imputados. "Dichas medidas y dichos informes exceden el marco de esta etapa del proceso", sostuvo la magistrada, quien también denegó la solicitud de prisión domiciliaria para los Sena y sus colaboradores. Fernández aclaró que los estudios médicos podrán realizarse, pero solo para el control y seguimiento de los detenidos, no para modificar las condiciones de detención en esta instancia.

El jurado popular había declarado culpable a César Sena por homicidio doblemente agravado por violencia de género y vínculo, mientras que sus padres fueron considerados responsables como partícipes necesarios. Gustavo Obregón y Fabiana González fueron condenados por encubrimiento agravado, y Gustavo Melgarejo por encubrimiento simple. Griselda Reinoso fue absuelta y recuperó la libertad.

Las audiencias de cesura, iniciadas el miércoles, continuaron el jueves y se prevé que concluyan el viernes, cuando la jueza defina las penas. La defensa de los condenados anticipó que apelará el fallo y buscará beneficios como la prisión domiciliaria, mientras que la fiscalía y las querellas insisten en la aplicación de la pena máxima.

El caso de Cecilia Strzyzowski, desaparecida el 2 de junio de 2023, fue esclarecido a partir de pruebas que determinaron su asesinato y la destrucción de sus restos, aunque el cuerpo nunca fue hallado. La madre de la víctima, Gloria Romero, expresó su conformidad con el veredicto y pidió que los Sena reciban prisión perpetua. El proceso judicial ha puesto en evidencia la gravedad del delito y los vínculos de los condenados con sectores del poder político local, marcando un precedente en la provincia y el país.