La publicación de un video deepfake por parte del diputado nacional Rodrigo de Loredo, en el que se simula un discurso del gobernador Martín Llaryora utilizando inteligencia artificial, generó una fuerte polémica en la provincia de Córdoba. El material, difundido en las redes sociales del legislador radical, muestra a Llaryora pronunciando frases que nunca dijo, aunque al final del video se aclara que fue generado por IA.

La reacción del oficialismo no se hizo esperar. Miguel Siciliano, presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, calificó el hecho como "vergonzoso, inaceptable e inmoral" y sostuvo que "constituye un delito". Siciliano enfatizó que "ninguna persona, y mucho menos un diputado nacional, puede utilizar la imagen y la voz de otra para hacerle decir lo que no dijo, con el objetivo de inducir al rechazo social mediante un engaño deliberado". Además, pidió la intervención de la Justicia y exigió que De Loredo se retracte y elimine el video de sus redes.

El repudio se extendió a intendentes y dirigentes de distintos partidos, quienes consideraron que el uso de inteligencia artificial para "falsificar" declaraciones representa un riesgo para la integridad del debate público. "Hoy le tocó al gobernador, mañana puede ser cualquier ciudadano", advirtió Siciliano, subrayando la gravedad de la situación y la necesidad de actuar con responsabilidad ante el avance de estas tecnologías.

El episodio reavivó el debate sobre la falta de regulación específica en Argentina respecto al uso de IA en la comunicación política. Si bien el video no viola ninguna norma electoral vigente, especialistas advierten sobre la "zona gris" que se abre en términos éticos y legales. Analistas y medios locales señalan que, aunque el video incluye un aviso sobre su carácter artificial, su realismo puede instalar mensajes falsos en la opinión pública y erosionar la confianza en el sistema democrático.

El caso de De Loredo se suma a antecedentes recientes en otras jurisdicciones, donde el uso de deepfakes en campañas políticas generó controversia y denuncias. La situación plantea la urgencia de discutir y establecer límites claros para el uso de inteligencia artificial en la política, a fin de evitar que la creatividad tecnológica se convierta en una herramienta de manipulación y desinformación.