El concejal Jonatan Arce, representante de Fuerza Patria en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, presentó su renuncia este domingo tras negarse a realizar un test de alcoholemia durante un control vehicular en la madrugada del viernes. El hecho, que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios locales, generó un fuerte impacto político e institucional en la ciudad bonaerense.

Arce, quien integraba la Comisión de Tránsito y Transporte, fue detenido en un operativo de rutina y, al negarse a someterse al test, fue sancionado conforme a la normativa vigente, que considera la negativa como "positivo por presunción". Esto derivó en una multa de $1.412.800 y en la apertura de un expediente de faltas. La situación se agravó cuando Santiago Saccoccia, padre de una víctima fatal de siniestro vial por alcohol, reclamó públicamente la renuncia del edil, intensificando la presión social y política.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Arce reconoció su error: "Actué de manera incorrecta y quiero reconocerlo con total honestidad, sin excusas". El ahora exconcejal entregó la documentación solicitada, aceptó la sanción y pidió disculpas a la comunidad. "Quienes ocupamos funciones públicas debemos actuar con responsabilidad y sostener una conducta acorde al rol que representamos. Por eso decidí presentar mi renuncia a la banca de concejal", expresó.

La renuncia de Arce ocurre en una semana clave para el Concejo Deliberante, ya que se prevé el debate sobre la suba de tasas municipales. Su salida obliga al oficialismo a definir rápidamente a su reemplazante, con varios nombres en consideración de la lista original, aunque la decisión final dependerá de acuerdos políticos internos.

El caso de Arce no es el primero en la ciudad: en 2021, otro funcionario municipal debió dejar su cargo por una situación similar. Estos episodios reavivan el debate sobre la ética y la responsabilidad de los funcionarios públicos, así como la necesidad de mantener estándares de conducta ejemplares en la gestión local. Hasta el momento, ni el municipio ni el bloque oficialista han emitido declaraciones públicas sobre el caso, mientras la comunidad espera definiciones institucionales en los próximos días.