El presidente argentino Javier Milei se encuentra en el centro de una controversia tras recibir el Premio Genesis, conocido como el "Nobel Judío", en Israel. El galardón, entregado en junio de 2025 en el Museo de la Tolerancia, incluyó un millón de dólares, una medalla y una escultura de cristal. Milei, quien fue distinguido por su "apoyo inquebrantable" a Israel, anunció públicamente que donaría el dinero a una organización destinada a fortalecer los lazos entre países latinoamericanos e Israel.

Sin embargo, la transparencia sobre el destino de ese millón de dólares ha sido puesta en duda por legisladores y analistas. El diputado Rodolfo Tailhade denunció que no existe ningún registro oficial de la donación ni en Argentina ni en Estados Unidos, donde supuestamente tendría sede la organización beneficiaria, American Friends of the Isaac Accords (AFOIA). "No sabemos quiénes son las autoridades de AFOIA, dónde tiene la sede, ni un mail de contacto conseguimos", afirmó Tailhade, quien también señaló que en el Registro de Obsequios a Funcionarios Públicos sólo figura la medalla y la escultura, pero no el dinero.

La ley argentina establece que los premios dinerarios recibidos por un presidente deben ser incorporados al patrimonio nacional y sólo pueden ser donados hasta un monto limitado. La supuesta donación de Milei excede ampliamente ese límite y, hasta el momento, no se ha presentado documentación que acredite la transferencia de fondos. El diputado Tailhade solicitó informes a la Secretaría de Presidencia, pero no ha recibido respuesta. "Estoy esperando la respuesta para analizar si llevo el tema a la justicia", advirtió.

El episodio ha reavivado el debate sobre la transparencia y la ética en la gestión de obsequios y acuerdos internacionales por parte de funcionarios públicos. Además, se suma a la polémica por el alineamiento político de Milei con Israel y la firma de acuerdos de seguridad que tampoco han sido publicados oficialmente. Analistas y opositores consideran que la falta de claridad en estos temas pone en riesgo la institucionalidad y la democracia argentina. Hasta el momento, el gobierno no ha emitido declaraciones oficiales sobre el destino del millón de dólares, mientras crecen las demandas de explicaciones y posibles acciones judiciales.