El jefe de la subcomisaría de Lonquimay, Cristian Martín Galván, enfrenta un escándalo judicial tras ser acusado de utilizar a seis detenidos como mozos y asadores en la fiesta de su casamiento, celebrada el 31 de mayo de 2024. Según la acusación, los presos caminaron sin custodia desde la dependencia policial hasta un salón de eventos cercano, donde prepararon el asado, sirvieron a los invitados y realizaron tareas de limpieza, regresando luego por sus propios medios a sus celdas.

El caso fue ventilado en un juicio oral en el Centro Judicial de Santa Rosa, donde el fiscal general Guillermo Sancho sostuvo que Galván incurrió en un claro incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Galván tuvo suerte de que ninguno de los detenidos se fugara”, afirmó el fiscal, quien solicitó una pena de un año y tres meses de prisión condicional y el doble de tiempo de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Durante el proceso, los testimonios de los detenidos y familiares del oficial presentaron versiones contradictorias. Mientras algunos presos admitieron haber colaborado en la fiesta, otros lo negaron o minimizaron su participación. Por su parte, la familia de Galván aseguró que ellos mismos se encargaron del servicio y que la acusación responde a una "interna policial" y persecución laboral.

El juicio también dejó abiertas nuevas líneas de investigación, ya que se detectaron posibles falsificaciones de documentos y declaraciones de testigos que firmaron sin conocer el contenido. Además, se evalúa la responsabilidad de otros policías y detenidos por presunto falso testimonio.

La sentencia será dictada el 28 de julio. El caso ha generado debate en la comunidad sobre el control de los detenidos y el uso de recursos públicos, así como sobre las tensiones internas en la policía pampeana. Más allá de la resolución judicial, el episodio pone en foco la necesidad de reforzar los mecanismos de control y transparencia en las fuerzas de seguridad.