El fallecimiento de Tomás Orihuela, un joven de 19 años que murió tras ser detenido en la Comisaría Sexta de Córdoba, ha generado una fuerte conmoción en la provincia y reavivado el debate sobre las condiciones de detención y el accionar policial. Orihuela fue hallado inconsciente en su celda y, tras 48 horas de internación, falleció en el hospital. La autopsia preliminar determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por ahorcadura, aunque la familia rechaza la hipótesis de suicidio y denuncia posibles hechos de violencia policial.

El velorio de Orihuela estuvo marcado por una multitudinaria caravana de motos, gritos y pedidos de justicia. Cuatro familiares del joven, actualmente detenidos, fueron trasladados bajo custodia especial para participar de la despedida, en un operativo autorizado por la Justicia y coordinado por el Servicio Penitenciario. La ley 24.660 de Ejecución Penitenciaria permite este tipo de salidas extraordinarias por razones humanitarias, aunque la decisión final recae en la autoridad judicial.

La madre de Tomás, visiblemente afectada, pidió a los presentes evitar incidentes y reclamó que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de su hijo. "Me arrancaron un pedazo de mi corazón, quiero que me dejen vivir en paz", expresó entre lágrimas. La familia sostiene que la orden de detención estaba caducada y que no pudieron ver a Tomás la noche de su muerte, lo que alimenta las sospechas sobre el accionar policial.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Instrucción N° 8 y la Dirección de Investigaciones Operativas de la Policía Judicial. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, aseguró que se entregará todo el material probatorio a la Justicia y que la prioridad es el esclarecimiento de los hechos. "Tenemos un compromiso inalterable: entregarle a los fiscales todo el material probatorio, absolutamente todo, para que se conozca la verdad", afirmó en conferencia de prensa.

La muerte de Orihuela ha generado una fuerte repercusión social, con manifestaciones públicas y pedidos de justicia tanto en el barrio como en redes sociales. El caso sigue abierto y la presión para que se identifiquen responsabilidades continúa creciendo en Córdoba, en un contexto de creciente preocupación por los derechos humanos en las detenciones policiales.