El paro de controladores aéreos iniciado el viernes 22 de agosto de 2025 generó una fuerte disrupción en los principales aeropuertos de Argentina, especialmente en Aeroparque Jorge Newbery y Ezeiza. La medida de fuerza, impulsada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), se desarrolla en franjas horarias específicas y responde a reclamos salariales y condiciones laborales.

Durante la primera jornada, más de 10.500 pasajeros de Aerolíneas Argentinas y 7.000 de Flybondi resultaron afectados por la cancelación y reprogramación de vuelos. Según datos de Aeropuertos Argentina, se cancelaron al menos 47 vuelos y se reprogramaron otros 34. El paro impide despegues y la tramitación de planes de vuelo en los horarios afectados, aunque permite aterrizajes y operaciones de emergencia, como vuelos sanitarios y humanitarios.

El conflicto se originó tras el fracaso de la conciliación obligatoria y la falta de acuerdo en las negociaciones salariales entre el gremio y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). El sindicato exige un aumento salarial del 45%, denuncia el congelamiento de sueldos y despidos sin causa, mientras el Gobierno y EANA rechazan la medida por afectar un servicio esencial garantizado por ley. "Se realizaron 17 audiencias de negociación sin poder alcanzar un acuerdo por la postura intransigente del gremio", señaló EANA en un comunicado.

Aerolíneas Argentinas denunció que el gremio impidió la salida de nueve vuelos que contaban con autorización y estaban programados por fuera de la ventana de la medida de fuerza, lo que perjudicó a más de 800 personas adicionales. El clima en los aeropuertos fue de confusión y largas filas, con pasajeros reorganizando sus viajes y buscando alternativas ante la falta de información precisa.

Las aerolíneas afectadas, como JetSMART y LATAM, implementaron opciones de reprogramación y cambios de fecha sin costo adicional para los pasajeros. El plan de lucha sindical contempla la extensión de las restricciones hasta el sábado 30 de agosto, con nuevas interrupciones del servicio en días y horarios específicos.

El Gobierno y las empresas aéreas lamentaron los inconvenientes y reforzaron su compromiso con la seguridad y el servicio a los pasajeros. El gremio, por su parte, sostiene la legitimidad de la protesta y la necesidad de recomposición salarial, garantizando servicios mínimos en situaciones de emergencia. El conflicto evidencia la tensión entre los derechos laborales y la prestación de servicios esenciales, y su resolución dependerá de futuras negociaciones entre las partes.