El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa anunció un paro de 48 horas en Vaca Muerta, programado para el jueves 31 de julio y viernes 1 de agosto, en respuesta a más de 1.200 despidos y 2.000 suspensiones que afectan al sector hidrocarburífero. La medida, que impactará directamente en la producción, fue confirmada por el secretario general del gremio, Marcelo Rucci, tras su reciente reelección al frente de la organización sindical.

Rucci explicó que la decisión de las empresas de reducir la actividad responde a una estrategia de transición hasta 2026, año en que se prevé la ampliación de la infraestructura de transporte de hidrocarburos. "Hemos tratado de construir un puente al 2026 para sostener los puestos de trabajo, pero no hemos sido escuchados", señaló el dirigente, quien también denunció que las operadoras han ignorado todas las propuestas gremiales para evitar los despidos.

El conflicto se agrava con el paro por tiempo indeterminado anunciado por el sindicato de Camioneros de Río Negro y Neuquén, que comenzará el viernes 25 de julio. La medida responde a la falta de pago de salarios, aguinaldos e indemnizaciones a 120 trabajadores de la empresa NRG, actualmente en convocatoria de acreedores. Gustavo Sol, secretario general de Camioneros, afirmó que "la paciencia se agotó" y que la paralización afectará el transporte de arena, agua y petróleo en toda la zona de Vaca Muerta.

Las negociaciones entre los sindicatos y las empresas no han dado resultados, y los gremios acusan a las operadoras de no asumir su responsabilidad legal ni ofrecer soluciones concretas. "No podemos hablar de otra agenda si no es con los trabajadores adentro", enfatizó Rucci, quien considera que la sostenibilidad de Vaca Muerta depende de la inclusión de los empleados como parte central de la actividad.

El contexto de alta producción en Vaca Muerta, que ya alcanzó la meta de 600.000 barriles prevista para 2026, contrasta con la situación de incertidumbre laboral y económica que enfrentan los trabajadores y las pymes regionales. Los sindicatos advierten que la falta de respuestas y el deterioro de las condiciones laborales podrían tener consecuencias graves para la economía local y la estabilidad del sector energético.

El conflicto pone en evidencia la tensión entre el crecimiento de la industria y la protección de los derechos laborales, mientras los gremios insisten en la reincorporación de los despedidos y el cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas y las autoridades.