Una investigación internacional expuso una campaña de desinformación financiada desde Rusia con el objetivo de perjudicar la imagen del presidente argentino Javier Milei. Según documentos filtrados y analizados por medios como The Continent, openDemocracy y Filtraleaks, una organización identificada como "La Compañía" habría invertido cerca de 283.000 dólares para insertar más de 250 artículos críticos en al menos 23 portales informativos argentinos entre abril y octubre de 2024.

El propósito de la operación era desacreditar al gobierno de Milei y amplificar divisiones políticas en el país, utilizando autores ficticios y firmas falsas. Además de la prensa digital, la estrategia incluyó acciones públicas, como el pago a simpatizantes para desplegar banderas con mensajes contrarios al conflicto bélico en partidos de fútbol. La red utilizó agencias publicitarias y consultoras privadas para triangular los pagos y asegurar la publicación de los contenidos, muchos de los cuales carecían de firma responsable o eran atribuidos a identidades inexistentes, generados incluso mediante inteligencia artificial.

La Secretaría de Inteligencia de Estado y otros organismos de seguridad ya habían advertido sobre movimientos sospechosos y pusieron las pruebas a disposición de la Justicia Federal en octubre de 2025. FOPEA, organización dedicada a la defensa del periodismo de calidad, había alertado en enero de 2026 sobre campañas de desinformación promovidas desde el exterior, documentando intentos de pago a comunicadores argentinos para difundir mensajes políticos guionados.

En respuesta a la filtración, el presidente Milei aseguró que su administración avanzará para identificar a los responsables y calificó la maniobra como una red de espionaje ilegal. Por su parte, los ciudadanos rusos señalados como líderes de la operación negaron cualquier vínculo con la red y rechazaron las acusaciones, argumentando falta de pruebas.

El caso se produce en un contexto de alineamiento de Argentina con Ucrania en el conflicto bélico y se suma a operaciones similares detectadas en Venezuela y Bolivia. La revelación reavivó el debate sobre la influencia extranjera en la política argentina y la polarización mediática, mientras la investigación judicial sigue su curso.