Lourdes Antonini, una joven de 20 años empleada del Ejército argentino, perdió la vida el 4 de diciembre de 2025 en el barrio porteño de Villa Devoto, cuando un cartel publicitario de una obra en construcción cayó sobre su cabeza mientras caminaba por la calle Chivilcoy al 3600. La autopsia determinó que la causa de muerte fue una hemorragia meningoencefálica provocada por el impacto de la pesada estructura de madera.

La investigación judicial, a cargo del fiscal Andrés Madrea y el juez Darío Bonnano, reveló que el cartel estaba instalado de manera irregular y sin los permisos correspondientes. El fiscal solicitó la indagatoria de seis personas vinculadas a la constructora MMCV, responsable del proyecto inmobiliario "Seirén". Entre los principales señalados se encuentra el empresario y exfutbolista Damián Manusovich, a quien se investiga por homicidio culposo debido a su rol central en la empresa y en los fideicomisos que controlan el terreno donde ocurrió la tragedia.

Según los peritajes realizados por bomberos y expertos en seguridad, la estructura del cartel presentaba graves deficiencias: carecía de arriostramiento, no tenía cruces de refuerzo y utilizaba materiales inadecuados como clavos en lugar de pernos o tornillos. Además, la ubicación del cartel sobre una excavación con talud no recomendado y el debilitamiento del terreno por vibraciones de maquinaria pesada aumentaron el riesgo de colapso.

El fiscal Madrea destacó que la estructura cumplía una doble función, actuando tanto como cartel publicitario como parte de la empalizada perimetral de la obra, lo que considera una práctica clandestina y fuera de toda normativa. Manusovich, según la causa, ejercía una "voz de mando central" en las decisiones del proyecto y era beneficiario directo del desarrollo inmobiliario.

El caso ha generado críticas sobre la falta de controles y la priorización de costos por sobre la seguridad. "Les salía dos pesos hacerlo bien", señaló una fuente cercana a la investigación. Actualmente, el desarrollo "Seirén" ya no figura entre los proyectos promocionados por MMCV, mientras la causa judicial avanza con nuevas indagatorias y posibles imputaciones. El desenlace de este proceso podría sentar un precedente en la responsabilidad penal de empresarios y desarrolladores en obras urbanas.