El gobierno nacional de Argentina ha anunciado una serie de medidas destinadas a incentivar el uso de dólares no declarados, con el objetivo de estimular la economía y aumentar las reservas del Banco Central. Estas medidas incluyen la eliminación de ciertos regímenes informativos y la flexibilización de restricciones para transacciones en dólares, permitiendo a los ciudadanos utilizar sus ahorros sin justificar su origen.

Sin embargo, la provincia de Buenos Aires, liderada por el gobernador Axel Kicillof, ha decidido mantener su esquema de fiscalización tributaria sin cambios. En una conferencia de prensa, Kicillof calificó las medidas nacionales como un "blanqueo encubierto" y cuestionó su falta de respaldo normativo. "Pareciera ser un intento de blanqueo permanente, pero sin aprobación legislativa", afirmó el gobernador, quien también destacó que las modificaciones al régimen informativo podrían dificultar la detección de operaciones sospechosas.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, también expresó su preocupación, señalando que las medidas nacionales "carecen de seguridad jurídica" y podrían dejar a los contribuyentes en un "limbo legal". Girard enfatizó que ARBA continuará utilizando todas las herramientas legales para fiscalizar impuestos provinciales como Ingresos Brutos e Inmobiliario, asegurando que "la obligación de tributar según la capacidad contributiva no ha cambiado".

Por otro lado, analistas económicos han señalado que las medidas nacionales podrían tener un impacto positivo en la bancarización y el crédito, lo que a su vez podría impulsar la actividad económica. Sin embargo, también advierten sobre los riesgos legales y la falta de claridad en su implementación. Según estimaciones, los argentinos tienen entre USD 213.000 millones y USD 246.000 millones en activos no declarados, lo que representa un desafío significativo para las políticas fiscales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido que cualquier medida adoptada por Argentina para fomentar el uso de activos no declarados debe cumplir con los estándares internacionales contra el lavado de dinero. Hasta ahora, las medidas parecen alinearse con estas normativas, pero su efectividad a largo plazo sigue siendo incierta.

En conclusión, mientras el gobierno nacional busca flexibilizar el uso de dólares no declarados para estimular la economía, la provincia de Buenos Aires mantiene una postura crítica, priorizando la fiscalización y el cumplimiento tributario. Este contraste refleja las tensiones entre las políticas nacionales y provinciales en un contexto económico desafiante.