El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha escalado en las últimas horas, con acusaciones directas hacia Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y otros funcionarios cercanos al gobierno nacional. La controversia se intensificó tras la viralización de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS, que sugieren pagos irregulares y corrupción en el organismo.

Diputados que rompieron con el bloque oficialista de La Libertad Avanza, como Carlos D’Alessandro y Lourdes Arrieta, han señalado a Karina Milei como una figura central en el presunto esquema de corrupción. D’Alessandro, ahora integrante del partido Coherencia, declaró en una entrevista: “De ella para abajo están todas las responsabilidades”, y agregó que Eduardo “Lule” Menem, colaborador cercano de Milei, tiene un rol predominante en la toma de decisiones dentro del Ejecutivo. “El Gobierno pasa por él, que dice ‘quién sí, quién no’. No se mueve una silla adentro del Gobierno si él no lo permite”, afirmó el legislador.

Por su parte, Lourdes Arrieta, quien ahora integra un interbloque opositor, denunció la "ambición al dinero" de Karina Milei y sugirió que el presidente Javier Milei podría haber recibido "ofrendas de amor" de la iglesia evangélica durante una visita a Chaco, lo que podría constituir una irregularidad según la Ley de Ética Pública, que prohíbe a funcionarios recibir regalos relacionados con sus funciones.

La justicia federal dispuso la apertura de los teléfonos secuestrados a Spagnuolo y empresarios vinculados, en busca de pruebas sobre los supuestos pagos de coimas. El caso ha reavivado el debate sobre los estándares éticos en el ejercicio del poder y la transparencia en la gestión pública, recordando episodios similares ocurridos en Brasil con el expresidente Jair Bolsonaro.

La fractura interna en La Libertad Avanza y las denuncias de corrupción han generado preocupación sobre la delegación de poder y la influencia de figuras como Karina Milei y “Lule” Menem. El episodio pone en cuestión la necesidad de controles más estrictos y una revisión profunda de los mecanismos de ética pública en Argentina.