Las intensas lluvias que azotaron Tucumán en los últimos días provocaron una de las peores inundaciones recientes en la provincia, afectando especialmente a la localidad de La Madrid. En apenas 48 horas, cayeron 250 mililitros de agua, lo que causó el desborde del dique Escaba y obligó a evacuar a más de 15.000 personas en toda la provincia. Muchas familias debieron abandonar sus hogares y refugiarse en carpas improvisadas a la vera de la Ruta 308, enfrentando condiciones precarias y la pérdida de sus pertenencias.

El ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros, informó que el 95% de los afectados ya pudo regresar a sus casas, aunque muchos aún no pueden habitarlas debido a los daños y la falta de servicios básicos. “Hasta que no dejemos en condiciones la localidad, vamos a estar acá”, aseguró Monteros, quien encabezó los operativos de limpieza y asistencia junto a equipos provinciales, municipales y organizaciones sociales. Se restablecieron los pozos de agua y se realizaron mejoras en rutas clave, aunque persisten problemas de electricidad y agua potable en varias zonas.

Vecinos como Adrián y Liliana relataron a medios locales la difícil situación que atraviesan: “Es impresionante el olor que hay. No se puede ir al baño, no hay nada”, describió Adrián, mientras que Liliana lamentó la pérdida de muebles y electrodomésticos. Muchos habitantes se resisten a abandonar sus viviendas por temor a robos, a pesar de las condiciones insalubres.

El gobierno nacional, a través de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, envió insumos y ayuda humanitaria, incluyendo alimentos, ropa y elementos de limpieza. Organizaciones y particulares también se movilizaron para colaborar con donaciones. El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, encabezó operativos aéreos para asistir a familias aisladas y relevar daños en zonas de difícil acceso.

La situación mantiene en alerta a la población, ya que las lluvias continúan y existe el temor de nuevas inundaciones. Las autoridades provinciales y nacionales reiteraron su compromiso de permanecer en la zona hasta que todas las familias puedan recuperar condiciones mínimas de habitabilidad. El recuerdo de inundaciones previas, como la de 2017, agrava la preocupación de los vecinos, que ahora enfrentan el desafío de reconstruir sus vidas tras el desastre.