Marcela Acuña, dirigente social chaqueña y una de las principales imputadas en el femicidio de Cecilia Strzyzowski, protagonizó un nuevo episodio de tensión en la Unidad Penitenciaria de Mujeres de Resistencia, Chaco. El pasado 5 de noviembre, Acuña agredió a cinco agentes penitenciarias dentro del penal, lo que motivó su traslado a una celda de aislamiento. Las víctimas sufrieron lesiones leves, según los informes médicos oficiales, y el hecho fue comunicado a la Justicia.

Acuña, que permanece detenida junto a su esposo Emerenciano Sena y su hijo César, acusados en el mismo caso, denunció ser víctima de hostigamiento, abusos de poder y corrupción institucional dentro del penal. En una comunicación telefónica con su hermana, la imputada expresó: “Me van a matar. Están generando un ambiente para que me pase cualquier cosa”, y relató episodios de violencia institucional, incluyendo el supuesto ataque a una compañera interna. Además, Acuña presentó una denuncia formal ante la Justicia provincial, responsabilizando a fiscales, jueces y autoridades políticas por prevaricato, cohecho e injerencia política en su causa judicial. Sostuvo que su detención fue motivada por razones políticas y que se ocultaron pruebas que demostrarían su inocencia y la de su esposo.

La dirigente también solicitó resguardo judicial para su familia y pidió investigar a Gloria Romero, madre de la víctima, por amenazas e incitación a la violencia. En su escrito, anunció el inicio de una huelga de hambre como protesta por sus condiciones de detención y por los derechos humanos de las mujeres en contexto de encierro. Acuña denunció la existencia de corrupción y lavado de fondos vinculados al manejo de dinero de las internas, así como la presencia de hombres armados y prostitución a cambio de beneficios dentro del penal.

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski avanza en su tramo final bajo la modalidad de jurado popular. Hasta el momento, han declarado 25 de los 53 testigos previstos, y se espera que el proceso concluya la próxima semana. El caso, que conmocionó a la provincia de Chaco y al país, mantiene la atención pública por la gravedad de los hechos y las denuncias cruzadas entre los involucrados. El desenlace del juicio podría marcar un precedente en la justicia chaqueña y en el abordaje de la violencia institucional en contextos de encierro.