Todos los condenados en la causa Vialidad, que investigó el direccionamiento de licitaciones de obras públicas en Santa Cruz, ya se encuentran detenidos o bajo arresto domiciliario. La medida se concretó tras la confirmación de las condenas por parte de la Corte Suprema de Justicia, que dejó firmes las sentencias dictadas por el Tribunal Oral Federal 2.

Entre los principales condenados se encuentran la ex presidenta Cristina Kirchner, quien cumple una pena de seis años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario en su departamento de Buenos Aires, y el empresario Lázaro Báez, trasladado a la cárcel de Río Gallegos, donde también cumple condena por lavado de dinero en la causa conocida como la "Ruta del dinero K". El ex secretario de Obras Públicas, José López, y otros exfuncionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz, como Nelson Periotti, Mauricio Collareda y Raúl Daruich, también fueron detenidos tras presentarse en Comodoro Py.

El plazo para que los condenados se entregaran venció el 18 de junio. Todos los implicados se presentaron voluntariamente ante la Justicia, donde fueron notificados de la firmeza de sus condenas y trasladados a distintas dependencias del Servicio Penitenciario Federal. Algunos, como Periotti y Pavesi, solicitaron prisión domiciliaria por razones de salud y edad avanzada, pedidos que están siendo evaluados por el Cuerpo Médico Forense y el tribunal.

La causa Vialidad determinó que, entre 2003 y 2015, se implementó un esquema sistemático para adjudicar obras viales a empresas vinculadas a Báez, generando un perjuicio al Estado estimado en más de 84.800 millones de pesos. El fallo judicial describió la existencia de un "plan criminal" que utilizó mecanismos legales para aparentar licitaciones regulares, cuando en realidad se trataba de maniobras fraudulentas.

Las defensas de los condenados han argumentado que algunos solo cumplían funciones administrativas o que no tenían control sobre los fondos públicos. Además, se han presentado reclamos para computar años de prisión preventiva y pedidos de arresto domiciliario por cuestiones de salud. El caso sigue generando repercusiones políticas y mediáticas, y se espera que en los próximos días se definan las condiciones de detención de quienes solicitaron beneficios especiales.