La disputa entre el Gobierno nacional y las provincias argentinas por el reparto de fondos federales alcanzó un nuevo pico de tensión esta semana, luego de que una reunión entre ministros de Economía provinciales y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, concluyera sin avances concretos. Los representantes de 17 provincias esperaban una propuesta que permitiera compensar la caída de la recaudación local, pero la respuesta oficial fue considerada insuficiente.

Según fuentes provinciales, el Gobierno nacional solo ofreció coparticipar una parte de los ingresos por el impuesto a los combustibles, excluyendo la reforma del sistema de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que las provincias consideran clave para su financiamiento. "Los ATN son recursos que vienen de la masa coparticipable y tienen como destino a las provincias. Cuando la Nación no los distribuye, genera un superávit con plata de las provincias", denunció Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe.

Ante la falta de acuerdo, los gobernadores decidieron avanzar en el Congreso con un paquete de leyes que busca modificar el reparto de los ATN y eliminar los fondos fiduciarios, una figura también cuestionada por el presidente Javier Milei. La iniciativa propone que las provincias reciban automáticamente el 58,36% de lo recaudado por el impuesto a los combustibles y que los ATN se distribuyan sin discrecionalidad.

El conflicto impacta directamente en la continuidad de obras públicas y servicios provinciales. Algunas jurisdicciones admiten dificultades para pagar el medio aguinaldo y sostener programas sociales y de infraestructura. El sindicato de Trabajadores Viales advirtió que la eliminación de fondos fiduciarios podría afectar a más de 5.200 familias y reclamó que los recursos se destinen directamente a Vialidad.

Mientras tanto, el Gobierno nacional mantiene su postura de priorizar el equilibrio fiscal y solo entregar ATN en situaciones de emergencia. La falta de diálogo efectivo y la presión de las provincias anticipan un escenario de mayor confrontación en el Congreso y, eventualmente, en la Justicia. El trasfondo de la disputa remite a viejas tensiones por el federalismo fiscal y la distribución de recursos, ahora agravadas por el contexto electoral y la crisis económica.