El Gobierno nacional anunció el envío al Congreso de un paquete de reformas que incluye modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, la flexibilización de la venta de tierras a extranjeros y la agilización de los procesos de desalojo. Según fuentes oficiales, el objetivo es fortalecer la propiedad privada, facilitar inversiones y eliminar lo que consideran restricciones excesivas que afectan la recuperación económica de los productores rurales.

Entre los cambios propuestos, se destaca la intención de derogar las modificaciones introducidas en 2020 a la Ley de Manejo del Fuego, que actualmente prohíben el cambio de uso de tierras incendiadas por plazos de 30 a 60 años, dependiendo de la categoría del terreno. El Gobierno argumenta que estas restricciones generan una "catástrofe doble" para los propietarios, quienes, además de sufrir el incendio, ven limitada su capacidad de recuperación productiva y económica. "Las prohibiciones introducidas en 2020 resultan desproporcionadas e innecesarias, al tiempo que castigan injustamente al propietario que sufrió el daño", sostiene un informe del Consejo de Mayo, órgano consultivo del oficialismo.

En paralelo, el Ejecutivo busca igualar los derechos de extranjeros y argentinos para la compra de tierras rurales, aunque aclara que no podrán adquirirlas Estados extranjeros ni empresas con participación estatal. La administración Milei justifica la medida como un incentivo para atraer inversiones, asegurando que "la soberanía no se va a ver afectada" y que no habrá avances sobre zonas protegidas. Actualmente, la ley limita la titularidad extranjera al 15% del total de tierras rurales.

El paquete legislativo también contempla facilitar los desalojos en casos de ocupaciones ilegales y limitar las expropiaciones, con el argumento de proteger la propiedad privada y agilizar los procesos judiciales.

Las reformas han generado un intenso debate político y social. Sectores opositores y organizaciones ambientalistas advierten sobre el riesgo de especulación inmobiliaria, concentración de tierras y debilitamiento de la protección ambiental. Prensa Obrera, por ejemplo, denuncia que las medidas favorecen a capitales extranjeros y perjudican a los trabajadores y recursos nacionales. Por su parte, el Gobierno insiste en que las iniciativas respetan la soberanía y buscan reactivar la economía.

En el contexto de estas reformas, se registró una reducción significativa en el presupuesto destinado al Sistema Nacional de Manejo del Fuego, lo que ha sido criticado por organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. El debate sobre la propiedad de la tierra y el manejo ambiental continúa siendo un tema central en la agenda política argentina, con implicaciones de largo plazo para el desarrollo rural y la protección de los recursos naturales.