La provincia de Salta reportó un balance positivo tras más de un año de implementar el cobro por la atención médica a extranjeros no residentes en hospitales públicos. Según datos oficiales, entre enero y mayo de 2025 se registraron solo 141 atenciones a pacientes foráneos, lo que permitió recuperar más de 50 millones de pesos, fondos que fueron reinvertidos en el sistema de salud local.

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, destacó que la medida tuvo un doble impacto: "No solo permitió aliviar la carga económica sobre nuestro sistema de salud, sino que también nos brindó la posibilidad de reinvertir esos fondos en mejoras directas para nuestros hospitales y centros de salud, como la compra de ambulancias". Mangione subrayó que la notable disminución en la afluencia de pacientes extranjeros se tradujo en una mayor disponibilidad de turnos y una mejor atención para los salteños.

El desglose por hospitales muestra que la reducción en la atención a extranjeros fue especialmente marcada en zonas fronterizas: en Salvador Mazza la baja fue del 95,45%, en Orán del 90%, en el Materno Infantil de la capital provincial del 55,26% y en Tartagal del 42,86%. En contraste, hospitales de zonas turísticas como Cafayate atendieron a 31 extranjeros, mientras que en otros centros, como Santa Victoria Oeste o Iruya, no se registraron atenciones a personas de otras nacionalidades.

El gobernador Gustavo Sáenz respaldó la continuidad de la política, afirmando que "empezamos a cobrarles y cayó un 95% la atención de extranjeros en nuestra provincia, lo que permitió un ahorro importante que va a permitir que los próximos días tengamos 14 ambulancias nuevas". Desde el gobierno provincial se remarcó que la atención en casos de urgencia y para personas con carencia económica comprobada sigue garantizada.

El debate sobre la atención gratuita a extranjeros cobró fuerza en 2022, tras la muerte de un argentino en Bolivia a quien se le negó atención médica. Salta fue la primera provincia en implementar el cobro, seguida por Mendoza, Jujuy y Santa Cruz. Las autoridades consideran que la medida es "justa y equitativa", aunque algunos ciudadanos han expresado dudas sobre la transparencia en el uso de los fondos y la cantidad de ambulancias adquiridas. El gobierno asegura que la política continuará vigente, priorizando la atención local y la equidad sanitaria.