Un informe presentado en el Congreso Nacional por especialistas de 16 provincias argentinas expuso una crisis sin precedentes en el sistema de salud mental, con especial énfasis en la situación de niños, niñas y adolescentes. Según los datos relevados, las internaciones por motivos de salud mental en la provincia de Buenos Aires aumentaron un 77% desde 2019, mientras que las consultas ambulatorias crecieron un 134%. El 13% de las internaciones en 2024 corresponden a menores de 18 años, reflejando una tendencia alarmante en la población más joven.

La retirada del Estado nacional en el financiamiento y gestión de políticas públicas, junto con la descontinuación de programas como Remediar Salud Mental, ha dejado a las provincias con la responsabilidad de absorber una demanda creciente. El Hospital Laura Bonaparte, referencia nacional en salud mental, enfrenta un proceso de desmantelamiento y abandono de obras públicas, lo que agrava la situación de acceso a tratamientos y medicamentos esenciales.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 91,7% de las internaciones psiquiátricas entre 2021 y 2024 fueron involuntarias, y el 60% de los casos estuvieron vinculados a conductas suicidas. Además, el 63% de las adolescentes internadas por ideación o conducta suicida han sufrido abuso sexual, según datos presentados por el Órgano de Revisión de la Ley Nacional de Salud Mental.

El impacto de la crisis económica y social, sumado a la violencia discursiva y el ajuste estatal, ha profundizado la vulnerabilidad de las familias y la falta de acceso a cuidados comunitarios. Más de 200.000 personas abandonaron la medicina prepaga por el aumento de precios, y quienes mantienen cobertura enfrentan dificultades para afrontar copagos y acceder a medicamentos.

Autoridades provinciales, académicos y legisladores presentes en el encuentro exigieron la reactivación de programas nacionales y el financiamiento federal, advirtiendo que no pueden suplir solos las funciones esenciales del Estado. También manifestaron preocupación por los intentos de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, que podrían significar retrocesos en derechos y garantías para los pacientes.

El informe fue calificado como "doloroso y preocupante" por especialistas y legisladores, quienes subrayaron la necesidad de un abordaje comunitario y territorial, y de evitar reformas regresivas que vulneren los derechos de las personas con padecimientos mentales. El llamado urgente es a garantizar recursos, compromiso y presencia efectiva para enfrentar una crisis que afecta diariamente a familias, escuelas y redes sociales comunitarias en todo el país.