El gobierno de Javier Milei atraviesa uno de sus momentos más delicados desde el inicio de su gestión, tras encadenar una serie de derrotas legislativas en el Senado. La Cámara alta aprobó por amplia mayoría un paquete de leyes que incluye la recomposición de haberes jubilatorios, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad, todas medidas resistidas por el oficialismo.

Ante este escenario, el presidente Milei anunció su intención de vetar las normas, pero decidió retrasar la formalización de esa medida. El Ejecutivo dispone de diez días hábiles para ejercer el veto, plazo que aún no ha comenzado a correr, y busca aprovechar este margen para recomponer alianzas con sectores que le dieron la espalda en las últimas votaciones, como los bloques macristas, radicales y varios gobernadores dialoguistas.

La estrategia oficialista incluye el uso del receso invernal del Congreso, que se extenderá del 21 de julio al 1° de agosto, para enfriar la dinámica parlamentaria y ganar tiempo. En paralelo, el gobierno intenta restablecer el diálogo con los gobernadores, quienes reclaman una mayor participación en la distribución de fondos nacionales y han impulsado proyectos propios, como la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se ha convertido en el principal interlocutor con las provincias, mientras que otros funcionarios, como Eduardo “Lule” Menem y Santiago Caputo, también participan en las negociaciones. La exposición anual de la Sociedad Rural Argentina, prevista para esta semana, será un espacio clave para acercar posiciones en un contexto de alta tensión política.

Desde la oposición, el kirchnerismo y otros sectores buscan capitalizar el momento y forzar el tratamiento de proyectos pendientes, aunque reconocen que el receso invernal dificulta el avance inmediato. El oficialismo, por su parte, evalúa incluso la posibilidad de judicializar el proceso legislativo si el Congreso insiste en las leyes aprobadas, aunque especialistas advierten sobre la falta de sustento legal para esa vía.

El desenlace de esta pulseada será determinante para la gobernabilidad y la viabilidad del programa económico de Milei, en un contexto de minoría parlamentaria y crecientes demandas de los gobernadores por recursos y autonomía.