El Gobierno nacional oficializó este martes la reforma de la Policía Federal Argentina (PFA) a través del Decreto 383/2025, que introduce la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y redefine el perfil de la fuerza. La medida, presentada por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca modernizar la PFA y orientarla a la investigación de delitos federales y crimen organizado, siguiendo modelos internacionales como el FBI estadounidense.

Según el nuevo estatuto, la PFA dejará de intervenir en la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, consolidando su función federal. El DFI, que absorberá la mayor parte de la estructura de la fuerza, estará enfocado en la prevención, detección e investigación de delitos complejos. El Gobierno sostiene que la reforma permitirá dotar a la institución de mejores herramientas tecnológicas y operativas, y que el Estado "no puede tener menos capacidad técnica que los narcos y los terroristas".

Sin embargo, la reforma ha generado una fuerte polémica. El decreto otorga a la PFA facultades para realizar ciberpatrullaje y requisas en espacios públicos sin orden judicial, lo que fue duramente cuestionado por sectores de la oposición y organismos de derechos humanos. El diputado José Glinski (Unión por la Patria) advirtió que "una reforma de esta magnitud no puede ser una decisión unilateral del Poder Ejecutivo" y que "viola los controles democráticos". El CELS y la Correpi alertaron sobre el riesgo de criminalización de la protesta social y la ampliación de tareas de inteligencia sin control judicial.

Desde el oficialismo, se rechazan las acusaciones de autoritarismo y se argumenta que la reforma es necesaria para enfrentar el crimen organizado y modernizar la fuerza. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que el financiamiento provendrá del presupuesto nacional y que se invertirá en capacitación y tecnología. La ministra Bullrich destacó que el DFI será "el corazón de esta nueva PFA" y que la fuerza contará con nuevos cuerpos especiales y agentes encubiertos.

El debate sobre la constitucionalidad de las nuevas facultades y la falta de debate parlamentario sigue abierto. Mientras tanto, la reforma marca un punto de inflexión en la historia de la PFA y plantea interrogantes sobre el equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales en la Argentina actual.