El Gobierno nacional formalizó la privatización total de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) mediante el Decreto 494/2025, publicado en el Boletín Oficial. La decisión implica la venta del 90% de las acciones que actualmente pertenecen al Estado nacional, en un proceso que se desarrollará en dos etapas: primero, al menos el 51% será vendido a un operador estratégico a través de una licitación pública nacional e internacional; el remanente se ofrecerá en bolsas y mercados del país.

La medida, enmarcada en la Ley Bases sancionada en julio de 2024, responde a la necesidad de atraer inversiones y mejorar la eficiencia en la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales. El Gobierno argumenta que AySA ha sido deficitaria desde su creación, con transferencias del Tesoro Nacional por aproximadamente US$13.400 millones entre 2006 y 2023. "El diseño del régimen vigente no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia que la prestación del servicio requiere", señala el texto oficial.

El decreto también actualiza el marco regulatorio de la empresa, habilitando el corte del servicio en caso de mora, una medida que antes estaba vedada. Además, se descarta la implementación de un nuevo Programa de Propiedad Participada y la preferencia para empleados en la compra de acciones. El Ministerio de Economía, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, será responsable de garantizar la continuidad del servicio durante el proceso de privatización.

La decisión generó críticas de diversos sectores. El Defensor Adjunto del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Walter Martello, advirtió que "el acceso al agua potable es un derecho humano reconocido internacionalmente y no debe ser tratado como una mercancía". Funcionarios y representantes sindicales lamentaron los despidos de 1700 empleados y la paralización de obras en curso, señalando que la privatización podría derivar en tarifas más altas y menor control estatal.

La historia de AySA incluye una etapa de gestión privada en la década de 1990, que terminó en litigios internacionales y un retroceso en la expansión de redes, especialmente en sectores vulnerables. Ahora, el debate se centra en el impacto de la privatización sobre el acceso al agua, la calidad del servicio y el control de un recurso estratégico. El Gobierno sostiene que la medida permitirá mejorar la prestación y reducir el déficit estatal, mientras que críticos advierten sobre los riesgos de desinversión y desigualdad territorial. El proceso de licitación ha despertado el interés de empresas estatales extranjeras, lo que añade complejidad al futuro de la gestión del agua en Argentina.